España: El debate sobre la moratoria turística en Canarias pasa al 2003 sin asegurarse el consenso

Las directrices de ordenación general y del turismo culminan el año tras pasar por diversos avatares políticos que aún no garantizan que puedan superar el trámite parlamentario y convertirse en ley antes de que acabe la legislatura, tal y como se había propuesto Coalición Canaria. La denominada moratoria turística ha sido el debate más importante de los últimos años después de que en enero de 2001 se aprobara un decreto que suspendió la concesión de licencias turísticas. Fue sólo el primero, porque, tras su suspensión judicial, a ese siguieron otros dos, una ley transitoria, un reglamento, debates parlamentarios y públicos, y el inicio de la redacción de las directrices, que serán la ley definitiva que regule el ordenamiento del Archipiélago. El avance de las directrices se presentó a finales de septiembre y se publicó en el BOC a mediados de noviembre, momento en el que se inició la participación ciudadana y los colectivos comenzaron a manifestar su postura ante el nuevo texto y, en general, a rechazarlo. Los empresarios extrahoteleros pidieron su retirada porque atentaba contra los apartamentos sin tener en cuenta que han permitido diversificar la economía por estar en manos de multitud de propietarios. Fueron calificadas de endebles, inconcretas, deficientes y poco rigurosas desde instituciones como la Universidad de La Laguna en un informe encargado por el Gobierno canario, que al menos este año consiguió que se dejara de hablar de moratoria para pasar al que había anunciado como el debate de fondo: las directrices. La Justicia, entre tanto, denegó al Gobierno la suspensión de las licencias que concedió Mogán para construir apartamentos a pesar del decreto de moratoria, lo que el Ejecutivo recurrió. Dada la oposición de ecologistas, partidos, instituciones y sectores económicos, los socialistas sugirieron al Gobierno que sustituyera el texto. Entre las decisiones que tomó el Gobierno, destacó la unificación de los dos equipos de trabajo -Turismo y Política Territorial-, para evitar los datos contrarios y dispares que aparecían en el avance. El presidente canario, Román Rodríguez, además, anunció que había que limitar el crecimiento demográfico, lo que dio lugar al debate de una posible ley de residencia propuesta por CC. La iniciativa levantó un considerable revuelo y se subrayó la imposibilidad de encajar tal pretensión en la UE, por lo que Rodríguez aseguró que el Ejecutivo no impulsaría una ley de residencia y que las directrices serían la manera más efectiva de contener el crecimiento poblacional. Uno de los objetivos del Gobierno en el ámbito turístico era lograr la renovación de la planta obsoleta, por lo que en la nueva redacción incluyó la expropiación para obligar a los propietarios a implicarse en este fin, así como un cupo máximo de camas nuevas anuales del uno por ciento adjudicadas por concurso. El 24 de junio las directrices obtuvieron el visto bueno del Consejo del Gobierno, que también decidió que una directriz específica limitaría la compra de segundas viviendas por parte de residentes canarios y la adquisición de inmuebles por foráneos. Según esta aprobación inicial, las directrices ampliarían a diez años el plazo de las 50.000 licencias de construcción anteriores a la moratoria para evitar que se acelerara su ejecución por temor al vencimiento del permiso, siempre que los promotores incrementaran la calidad de las construcciones. El documento se sometió a información pública durante dos meses y medio para volver al Ejecutivo para una nueva aprobación antes del 30 de noviembre y remitirlo al Parlamento, aunque se pidió al Gobierno que no se precipitara sólo por "apuntase un tanto" antes de acabar su mandato. El nuevo documento tuvo en general mejor acogida que el avance y se le reconocieron cambios significativos, aunque no por ello estuvo exento de críticas. En octubre la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) dio luz verde a un nuevo texto con gran parte de las alegaciones y la flexibilización de numerosas determinaciones. Las directrices pasaron nuevamente por el Consejo de Gobierno, que aprobó el texto final provisional y lo remitió al Consejo Económico y Social para que emitiera su informe. La RIC era una de los principales instrumentos para impulsar la renovación de los edificios turísticos antiguos, pero la dureza de las condiciones para su aplicación, impuestas por Bruselas, impedían su uso y el Gobierno anunció un conjunto de medidas alternativas, aunque reconoció que sin estos recursos será bastante difícil conseguir renovar la planta. Por su parte, el PP anunció a finales de octubre que no apoyaría el documento si el Ejecutivo persistía en su empeño de fijar cupos que limiten el crecimiento y en conceder las licencias a través de concurso. Otra posibilidad de actuación guardaban las directrices, según demostró Román Rodríguez cuando anunció que el texto se aprovecharía para dejar sin efecto aquellas licencia vigentes que no tuvieran todos los requisitos en regla, lo que tuvo las correspondientes críticas de los constructores y halagos de los ecologistas. Las posibilidades de contar con el PP en el Parlamento se tambalearon cuando, una vez más en la legislatura, las relaciones entre CC y PP se tensaron hasta de protagonizar un nuevo episodio de "amor-odio" que culminó con un nuevo encuentro en Madrid arbitrado por la dirección nacional del PP. En el tramo final del año, el 10 de diciembre, el Parlamento canario inició el trámite de las directrices remitidas por el Ejecutivo. Los portavoces de los grupos parlamentarios expusieron ese día su acuerdo general con el documento, aunque anunciaron que plantearán modificaciones en el trámite de enmiendas. La comisión parlamentaria espera tener listo su informe de ponencia antes del 22 de enero, tras lo que elaborará un dictamen que será remitido al pleno de la Cámara para su aprobación. Después, será enviado al Gobierno para que lo vuelva a remitir a la Cámara como proyecto de ley de artículo único para su aprobación definitiva antes de las próximas elecciones. Estas son al menos las previsiones, pero aún están por ver hasta qué punto se acercan las posturas de CC y PP y si las directrices superan el trámite parlamentario y se convierten en ley, por lo que, una vez más, otro tema atraviesa el año en Canarias sin llegar a su fin.