El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Pedro Luis Cobiella, afirmó que la patronal del sector turístico ha trabajado con el Gobierno, desde hace dos años, con el fin de "influir en la regulación" del sector.
El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Pedro Luis Cobiella, afirmó que la patronal del sector turístico ha trabajado con el Gobierno, desde hace dos años, con el fin de "influir en la regulación" del sector. Cobiella realizó estas declaraciones durante el coloquio que se desarrolló tras la ponencia "El turismo como factor clave del desarrollo económico canario", en el marco del II Encuentro Empresarial de Canarias, bajo el título "Las Islas Canarias en el nuevo milenio", organizado este viernes por Arthur Andersen y el diario ABC con el patrocinio de Cepsa y El Corte Inglés. Intervinieron, además, Pilar Parejo, consejera de Turismo y Paisaje del Cabildo de Tenerife, Javier Bernal, director general de Tropical Hoteles, y José Luis Ruiz Expósito, socio director de Arthur Andersen, que actuó de moderador. Cuestionado sobre las actuaciones realizadas por las patronales provinciales del sector turístico desde 1995, cuando se aprobó la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, de la que no se han desarrollado los reglamentos, y que hubiera podido evitar el decreto del Gobierno sobre la moratoria, Cobiella contestó que en los últimos dos años ha habido contactos permanentes con el Ejecutivo para tratar de influir en la regulación del sector. José Moriana, empresario canario del sector turístico, añadió durante el coloquio que el decreto del Gobierno sólo trata de acatar el espíritu y el contenido de la Ley de Ordenación del Turismo, aunque criticó que se haya permitido construir plazas residenciales en lugares propicios para el desarrollo empresarial y que no se contemple la realidad de los municipios turísticos. Además, José Juan González, consejero delegado de Canaragua, acusó al Gobierno de Canarias de aprobar un decreto que atenta "contra el principio constitucional de la libertad de empresa". En este contexto, Javier Bernal defendió con matices la necesidad de poner freno al elevado ritmo de crecimiento del sector y coincidió con otros ponentes en que se puede haber dardo un cierto grado de intervencionismo público para regular el sector, pero que, a su juicio, debía hacerse ya que la iniciativa privada no ha sabido regularse. Bernal añadió que la intervención del Ejecutivo no debe convertirse en un hábito en una sociedad de libre mercado y declaró que no se debe caer en la arbitrariedad, por lo que pidió la realización de un estudio serio y pormenorizado que establezca los parámetros y los límites al crecimiento de forma eficaz.
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