La asociación Ojo con el Guadiana, de Ecologistas en Acción de Ayamonte, pidió la paralización "inmediata" del proyecto turístico denominado Puente Esury, que prevé la construcción en la localidad costera "de una nueva ciudad de casi 20.000 plazas, residenciales en su mayoría, ubicadas en un espacio actualmente sin infraestructuras urbanas de ningún tipo", según informó en un comunicado enviado a Europa Press.
La asociación Ojo con el Guadiana, de Ecologistas en Acción de Ayamonte, pidió la paralización "inmediata" del proyecto turístico denominado Puente Esury, que prevé la construcción en la localidad costera "de una nueva ciudad de casi 20.000 plazas, residenciales en su mayoría, ubicadas en un espacio actualmente sin infraestructuras urbanas de ningún tipo", según informó en un comunicado enviado a Europa Press. Los ecologistas recordaron que la actuación se inició en 1989 cuando unos empresarios libaneses compraron las fincas "Los Regustos" y "Los Botones", situadas en la orilla del río Guadiana, al norte del Puente Internacional que une España con Portugal. Posteriormente, en 1990, un holding de empresas llamado "Baranda azul" firmó un convenio con el Ayuntamiento de Ayamonte, por el que éste se comprometió a recalificar para su urbanización las 430 hectáreas que la firma había comprado como suelo rústico, donde pretenden desarrollar el proyecto Puente Esury. Ecologistas en Acción denunció que después de 12 años sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental para la recalificación de los terrenos que se llevó a cabo, el alcalde de Ayamonte, el socialista Rafael González, insiste en anunciar la aprobación definitiva de la actuación urbanística, aunque desprovista de "sus características más fantasiosas e inviables, como el puerto deportivo, pero igualmente inaceptable". Según este colectivo, los promotores pretenden construir apartamentos para los que no está garantizada la depuración de aguas residuales y campos de golf para los que habrá que traer más de 250.000 metros cúbicos de tierra de otros lugares, porque el suelo de la zona no ofrece las condiciones adecuadas para este tipo de instalaciones. Asimismo, aseguran que la iniciativa afecta a una vía pecuaria, zonas inundables, dominio público marítimo terrestre y espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Huelva.
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