PSOE, PP, IU y PA, de acuerdo en estudiar una fiscalidad ecológica para Andalucía que no grave sólo al turismo

Los partidos socialista, popular, izquierda unida y andalucista, están de acuerdo en estudiar la implantación de una fiscalidad ecológica en Andalucía "entendida ésta en sentido amplio" y que no grave únicamente al sector turístico, según indicaron a Europa Press representantes de estas formaciones políticas en el grupo de trabajo para estudiar la puesta en marcha de una Ley sobre este asunto, y que se reunió ayer con sindicatos y empresarios en el Parlamento andaluz. De este modo, el representante del PP en el grupo, Julio Vázquez, mostró la predisposición de su grupo a estudiar una fiscalidad "entendida en sentido amplio", aunque advirtió de que el Gobierno andaluz "tiene que demostrar que su verdadera intención es esa" y no gravar únicamente al sector turístico. Vázquez abogó por una Ley que premie al que cuide el medio ambiente y que castigue al que lo deteriore. Por su parte, el representante del PA en este grupo de trabajo, Ildefonso Dell'Olmo, también mostró su "rotunda negativa" a que este impuesto se aplique únicamente al turismo, mientras que sí se mostró, al igual que el resto de formaciones, de acuerdo con "una fiscalidad ecológica entendida en sentido amplio". A juicio del portavoz parlamentario de IU y representante de la formación en el grupo de trabajo, Antonio Romero, la sesión "ha sido muy positiva", pues la mayoría de las opiniones vertidas han abogado por una fiscalidad ecológica entendida en un sentido amplio y que no repercuta únicamente en el turismo. Los representantes sindicales de CC.OO. y UGT que intervinieron en el grupo también se mostraron de acuerdo con esta línea, según destacó Romero. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Caballos, ya indicó la pasada semana que espera que al final de la legislatura se presente una Ley andaluza sobre fiscalidad ecológica, que consistiría en una ley de bases que contemple los distintos supuestos e instrumentos fiscales para cada sector y que se irán aplicando en un plazo de diez años. Ante este grupo compareció el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, quien indicó que la CEA decidirá si apoya o no la realización de una Ley andaluza sobre fiscalidad ecológica, entendida en sentido amplio y que no grave únicamente al turismo, cuando conozca el destino del dinero que se recaudará con este impuesto. Sánchez negó que esta Ley sirva "para que sigamos con las aguas de baño sin depurar y carentes del saneamiento integral en la mayoría del litoral" y abogó porque el dinero que se recaude con ella se destine al cuidado de las playas y del medio ambiente. El presidente de los hoteleros reiteró, en declaraciones a Europa Press, que no se pronunciará sobre esta fiscalidad hasta conocer el destino del dinero recaudado y a quién se le aplicará esa tasa. Sánchez explicó ante el grupo de trabajo que lo que no aceptan los empresarios es que "se incremente por ningún motivo ni por ningún concepto impuestos o tasas únicamente a lo que es el turismo", porque repercutiría en la competividad de este sector.