El Consejo de Ministros de España aprueba la golden share de Iberia por un período de cinco años

El Consejo de Ministros español aprobó el viernes el Real Decreto de aplicación del Régimen de Autorización Administrativa Previa de Iberia, que fija las características de la golden share o acción de oro que el Gobierno mantendrá en la empresa durante un periodo de cinco años. El régimen de autorización previa será eficaz desde la fecha en que la participación pública en Iberia quede reducida a un porcentaje inferior al 50 por ciento de su capital social y tendrá una vigencia de cinco años. Con este mecanismo, las decisiones de inversión que puedan afectar a Iberia quedan sometidas a la protección pública que brinda este régimen, aplicable a los actos concretos de enajenación de participaciones sociales que puedan hacer perder el control por el Estado de las sociedades mercantiles públicas. Según el Ejecutivo, "se trata del instrumento adecuado para tutelar los intereses en juego, respondiendo a las ideas de menor intervención pública y de máxima compatibilidad con el aseguramiento del interés general". Los acuerdos sociales sujetos a este régimen son la sustitución de objeto social; disolución voluntaria, escisión o fusión de Iberia; enajenación o gravamen de los activos tangibles o intangibles, partes o cuotas indivisas de los mismos de que sea titular Iberia; y la adquisición, directa o indirecta de acciones de la compañía u otros valores que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de al menos el 10 por ciento del capital de la compañía. Con la aprobación de este instrumento, el Ejecutivo español regulará las funciones y plazo de vigencia de la golden share en la compañía de bandera española, que saldrá a bolsa el próximo 3 de abril, tras la venta del 53,9 por ciento del capital que aún está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno posee "acción de oro" en Endesa, Repsol, Indra, Tabacalera y Telefónica. La golden share está basada en la Ley 5/1995 de 23 de marzo sobre Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas.