El borrador del anteproyecto de Ley de Ordenación del Sector Turístico establece un «números clausus» de plazas hoteleras, determina zonas saturadas con congelación de crecimiento, cede ante las numerosas fincas que se alquilan ilegalmente a turistas y da a los empresarios más protagonismo en la creación de nuevas plazas a través de su control del Institut Balear de la Qualitat Turística.
El borrador del anteproyecto de Ley de Ordenación del Sector Turístico establece un «números clausus» de plazas hoteleras, determina zonas saturadas con congelación de crecimiento, cede ante las numerosas fincas que se alquilan ilegalmente a turistas y da a los empresarios más protagonismo en la creación de nuevas plazas a través de su control del Institut Balear de la Qualitat Turística. El texto es especialmente novedoso por el mayor control de nuevas plazas frente a las «excepciones» que establece la actual Ley de Turismo del anterior Govern por donde se pueden colar nuevos establecimientos o el limitado freno al crecimiento existente ya que con el intercambio de plazas en vigor se crean más camas hoteleras nuevas que las que se dan de baja. El borrador del anteproyecto crea, por contra, medidas extraordinarias como el «área turística saturada», a través de la cual «la administración competente (Govern, Consells o Ayuntamientos) puede declarar , con carácter temporal, una zona como área turística saturada, en los términos y con los efectos que se determinen reglamentariamente, cuando por el elevado índice de ocupación turística, consumo de territorio y recursos naturales, peligre el equilibrio entre oferta turística y la preservación del territorio y el entorno natural». Esta declaración tendrá tres grados: mínimo, intermedio y máximo, implantándose medidas de protección de la zona, con limitación de crecimiento y del intercambio de plazas. Si la saturación es «máxima», el crecimiento será cero, es decir, la imposibilidad de autorizaciones turísticas previas procedentes del intercambio de plazas durante su periodo de vigencia. Se declara de manera genérica la utilidad pública de la expropiación, de acuerdo a la normativa de expropiación forzosa, por causa de esponjamiento territorial, de los inmuebles donde se ubiquen los establecimientos turísticos con autorizaciones de apertura extinguida, que se encuentren bien en una zona con fuerte impacto ambiental; en estado ruinoso o de abandono; y que impliquen peligro. Los inmuebles serán demolidos y el terreno formará parte del sistema general o local de espacios libres públicos. Se establecerá en la nueva ley un «Plan de Crecimiento de la Oferta Turística», que será el instrumento que determinará el incremento de camas turísticas en cada uno de los ámbitos territoriales de los Consells, en función de las plazas existentes y el máximo de plazas permitidas por las normas de ordenación territorial, «sin necesidad de agotar estas plazas». El plan fijará una tasa de crecimiento anual para cada Isla, que se calculará mediante la media de crecimiento en los últimos diez años en cada territorio insular y en Baleares en su conjunto. Sobre la menor de estas variables se aplicará un coeficiente reductor que será aprobado anualmente por el Govern, previo informe de los Consells. Al resultado de la aplicación del coeficiente a la menor de esas variables se le sumarán las plazas extinguidas y que no hayan sido objeto de intercambio, creando la tasa anual de crecimiento. La adjudicación de las plazas se realizará mediante unos baremos que están pendientes de desarrollar por reglamento, previo informe del Institut Balear de Qualitat Turística (donde es previsible que haya mayoría de representantes del sector privado). Para la adjudicación de nuevas plazas, habrá prioridad según el siguiente orden: agroturismos con máximo de 6 plazas, las casas rurales (nueva figura), los establecimientos de población (nueva figura), los hoteles rurales y los restantes establecimientos. Se primará para obtener plazas a los que incorporen medidas ambientales, a aquellos hoteles que tengan un programa de ocupación laboral y un mayor número de trabajadores por plaza hotelera, y a quienes rehabiliten el entorno.
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