La cumbre entre hoteleros y el gobierno balear tendrá que esperar, al menos, una semana más y podría incluso llegar después de la aprobación de la ecotasa en el Parlamento de las islas. Las conversaciones entre la federación empresarial y el Ejecutivo del Pacte de Progrés no están aún lo suficientemente maduras como para celebrar un encuentro que, seguramente, ya tendrá lugar pasadas las vacaciones de Pascua.
La cumbre entre hoteleros y el gobierno balear tendrá que esperar, al menos, una semana más y podría incluso llegar después de la aprobación de la ecotasa en el Parlamento de las islas. Las conversaciones entre la federación empresarial y el Ejecutivo del Pacte de Progrés no están aún lo suficientemente maduras como para celebrar un encuentro que, seguramente, ya tendrá lugar pasadas las vacaciones de Pascua. Según informó ayer la emisora de radio Onda Cero, citando fuentes próximas al presidente autonómico, todavía no se ha fijado la fecha para un encuentro que se prevé tenga lugar en el Consolat de Mar con la cúpula de la Federación Hotelera de Mallorca y el gobierno, encabezado por el presidente autonómico, Francesc Antich. Las conversaciones entre las partes se siguen desarrollando de forma discreta, como contactos informales continuos, con un papel destacado del presidente de Sa Nostra, Miquel Capellá, quien interviene como mediador. La junta de portavoces del Parlamento tiene previsto aprobar hoy el orden del día de la próxima sesión plenaria. En un principio, el debate sobre el proyecto de ley de la ecotasa se incluirá en el pleno del martes que viene. El polémico nuevo impuesto ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno y sólo le resta su aprobación por la Cámara, paso al que seguirá el desarrollo de un reglamento. La cumbre prevista en la sede del Ejecutivo autonómico se concretará sólo cuando el acercamiento entre las partes haya alcanzado un grado significativo; mientras, continuarán los contactos informales, envueltos en la máxima discreción. Así, el encuentro entre hoteleros y presidente, anunciado inicialmente para la semana pasada, sufre un nuevo retraso al que desde el propio Gobierno restan importancia. El anuncio de una ofensiva desde el Consolat contra Madrid para el desarrollo del Régimen Especial de Baleares (REB) debe facilitar el encuentro con la federación empresarial que preside Pere Cañellas. El presidente Antich anunció el jueves pasado diversas acciones ante el Gobierno central para lograr 200.000 millones de pesetas, de los que prácticamente la mitad (90.000) se destinarían a inversiones turísticas. El jefe del Ejecutivo autonómico, declaró que «hay una cosa muy clara: si el Estado cumpliera con el REB la aplicación de la ecotasa podría ser modificada en cuanto al grado de aplicación y los pagos que se han de hacer». Estas declaraciones, en las que Antich se mostraba abierto a una negociación claramente a la baja del proyecto estrella del Pacte, supieron a poco en el seno de la Federación Hotelera. Desde esta patronal consideran que el Govern debería reclamar inversiones a Madrid y renunciar definitivamente a la ecotasa, algo a lo que el presidente autonómico declaró ese mismo jueves que no está dispuesto. Las partes llevan meses enfrentadas por la ecotasa y el acercamiento se ha producido cuando el proyecto de Ley ya afronta su tramitación final, si bien la aplicación del nuevo impuesto no está prevista hasta pasada la próxima temporada alta, en torno al mes de octubre. Hasta la fecha los hoteleros se han mantenido firmes en su postura de rechazo frontal a la ecotasa y han anunciado que de aprobarse la recurrirían a los tribunales. Los propietarios de los establecimientos turísticos se niegan a que se grave las estancias con una media de un euro por persona y noche, como plantea el Govern balear. En un principio la ecotasa se planteaba como un impuesto finalista dedicado a la protección del Medio Ambiente. Sin embargo, cuando el jueves pasado el presidente del Govern apuntó la posibilidad de rebajar el futuro gravamen indicó que «el grave problema que padecemos actualmente es que los presupuestos de la Comunidad Autónoma no son suficientes para cubrir las necesidades más prioritarias».
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