El Parlamento de Baleares aprobó la ecotasa con la oposición del Partido Popular y del sector hotelero

El Parlamento de Baleares aprobó ayer la Ley del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos de Alojamientos Turísticos, más conocida como ecotasa, con los votos favorables de todos los partidos integrantes del pacto de izquierda y el voto negativo de los representantes del Partido Popular, que consideran la tasa como "anticonstitucional". Este impuesto, el primero de estas características que se aprueba en España y que se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero del 2002, consiste en el cobro de un euro diario a todos los turistas mayores de 12 años que visiten las Islas a través de los establecimientos turísticos. Según estimaciones del Ejecutivo balear, la ecotasa permitirá recaudar unos 10.000 millones de pesetas anuales, dinero que se destinará a la realización de programas medioambientales y a la remodelación y recuperación de espacios naturales. El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, destacó que este tributo se ha convertido en un símbolo del Pacto de Progreso gobernante en Baleares y apeló a su carácter "solidario" ya que es el sector más favorecido, el turístico, es el que recaudará unas partidas que, posteriormente, se destinarán a paliar la presión que, sobre el medio ambiente, ejercen los cerca de diez millones de turistas que visitan anualmente el archipiélago. Por su parte, el Partido Popular, a través de su portavoz, Joan Flaquer, aseguró que la tasa es "injusta, discriminatoria y arbitraria" y señaló que afectará negativamente en la competitividad del sector hotelero de Baleares. Flaquer afirmó que, según la opinión de su partido, el impuesto es "anticonstitucional", pero negó tener noticias sobre si el Gobierno central va a recurrir la normativa ante el alto tribunal, que es un reclamo del sector hotelero de las Islas que, a través del presidente de su Federación, Pere Cañellas, ya ha solicitado oficialmente que el Consejo de Ministros español recurra la norma por su "arbitrariedad". Cañellas, que está respaldado por la Cámara de Comercio, federaciones empresariales, Zontur y Fomento del Turismo, entre otras instituciones, declaró a Europa Press que "ha recomendado" a sus socios que presenten contenciosos administrativos por inconstitucionalidad. El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca acusó al Gobierno autonómico de "haberles engañado", ya que el propio Antich les aseguró que no se aprobaría sin su consenso, y denuncia que la ley no ha pasado por los Consejos Consultivos pertinentes. El resto de asociaciones que han mostrado su oposición al tributo, incluida la Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España, Zontur, apelan a los mismos argumentos para pedir su retirada y amenazan con "hacer frente al Gobierno balear por atentar contra nuestros intereses". Algunos hoteleros, incluso, hablaban esta mañana a título individual, de montar una manifestación para mostrar su rechazo a la normativa. Se da la circunstancia de que uno de los partidos que integran el Pacto, Unió Mallorquina, a través de su presidenta, Maria Antonia Munar, dio su apoyo a la ecotasa a pesar de que la formación, según sus propias palabras, habría preferido "una mejor solución" ya que el conflicto con los hoteleros "puede perjudicar a los ciudadanos". Munar señaló que Unió Mallorquina es partidaria de obtener el dinero para preservar el medio ambiente a través de un acuerdo con el Gobierno central para que el IVA del impuesto turístico repercuta en Baleares y que estas partidas se recaudarán en los aeropuertos, "lo cual sería más justo".