El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende cautelarmente el decreto de moratoria turística

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el Decreto de Moratoria Turística por considerar que existen dudas razonables sobre su "viabilidad y legalidad". El recurso contra el "Decreto de Moratoria" fue presentado por la Federación de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 12 de enero un decreto de moratoria de un año prorrogable por otros doce meses. Las críticas desde el sector empresarial han precedido a esta decisión. La citada moratoria afecta a unas 200.000 plazas que aún carecen de permiso de obra, aunque no evitará que otras 90.000, ya aprobadas, se sumen a las 350.000 camas turísticas del Archipiélago. En números redondos, Fuerteventura y Lanzarote son las que más camas tienen por construir (32.000 y 21.000, respectivamente), seguidas de Gran Canaria (14.000) y Tenerife (10.000). La Palma tiene aprobado un millar de plazas. Sin embargo, la "ralentización" -tal y como la calificó el Gobierno- tiene "cauces reconductores", que permitirán al sector redefinir sus proyectos y llevarlos a cabo sin restricciones. Es el caso del turismo rural y los hoteles urbanos, que quedan exentos de cualquier traba. Sin embargo, los hoteles de cuatro y cinco estrellas que "añadan" a sus instalaciones campos de golf, parques temáticos, puertos deportivos y demás elementos "de calidad" también recibirán el visto bueno del Ejecutivo. El consejero de Turismo y Transportes, Juan Carlos Becerra, hizo hincapié en que los proyectos destinados a derruir instalaciones obsoletas y edificar en el mismo solar un número igual de camas podrán emplear los fondos de la Reserva Canaria de Inversiones (RIC). Becerra señaló que tras esta "reconducción" -que se concretará en una ley de medidas urgentes- Canarias podrá cubrir el "déficit" de oferta rural, de salud, etcétera, que a su juicio tiene. Asimismo, añadió que esta iniciativa "definirá los modelos turísticos de las Islas en el futuro". Por su parte, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Tomás van de Walle, explicó que la futura ley definirá el uso del territorio tanto en el aspecto turístico como agrario y de infraestructuras, "que son los sectores que más impacto generan". Por último, el decreto hacía una salvedad con las islas occidentales. Para El Hierro, La Palma y La Gomera la moratoria tendría una duración de seis meses, lo que servirá de 'toque de atención' a los constructores sobre la nueva dirección a la que pretende tender el Gobierno canario pero no dañará los intereses de los empresarios turísticos en éstas, las islas más vírgenes.