El Gobierno de Baleares aprueba la Ley de Comercio que limita el horario comercial a 72 horas semanales

El Parlamento de Baleares aprobó ayer, con el respaldo de todos los partidos del pacto de progreso y el apoyo del PP en algunos puntos, la Ley de Comercio autonómica, que, entre otros puntos, limita el horario comercial en 72 horas semanales, con un máximo de doce diarias, y establece la obligación de los establecimientos con más de tres trabajadores de poder atender en catalán cuando el cliente así lo requiera. Esta normativa, que lleva redactándose más de un año, entrará en vigor 30 días después de su publicación excepto los dos puntos anteriormente citados, más la obligación de colocar los rótulos y carteles, al menos, en catalán, que no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2003 para dar tiempo a los empresarios a adaptar su plantilla a la nueva ley. Otro punto polémico del texto, que se comenzará a aplicar esta misma temporada, es la limitación de la superficie de las grandes tiendas atendiendo a la población de la localidad donde se ubique. Así, en Palma de Mallorca no se podrá abrir un establecimiento con más de 1.300 metros cuadrados, mientras que en municipios con más de 20.000 habitantes los nuevos establecimientos no podrán tener una superficie superior a los 800 metros cuadrados. Asimismo, la normativa prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de 24 horas y gasolineras desde las 22.00 horas hasta las 8.00 horas; establece una tasa de ampliación de superficie; prohíbe las promociones de regalos de las entidades bancarias y suprime las promociones y descuentos especiales fuera de las dos temporadas de rebaja que establecerá la Consejería de Economía, Comercio e Industria que también se encargará cada año de definir los domingos y festivos de apertura comercial. En lo que se refiere a las zonas turísticas, cuyos establecimientos tienen libertad de horarios desde el mes de marzo hasta el de octubre con un máximo de 14 horas diarias, serán los Ayuntamientos los que decidan su ubicación mientras que las sanciones van desde las 24.958 pesetas (150 euros) hasta las 249.579 pesetas (1.500 euros) y el cierre del comercio durante un año dependiendo de la gravedad de la infracción. El Ministerio de Administraciones Públicas ya anunció que recurriría la normativa al considerar que la obligación de atender en catalán puede considerarse anticonstitucional y la asociación de grandes superficies también ha mostrado su disconformidad con la limitación de superficie y la tasa de ampliación. Desde el Gobierno balear se da por hecho que el Ejecutivo central, que en su decreto de liberalización establecía un horario comercial de 90 horas semanales, recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional aunque se confía que el Alto Tribunal respalde una normativa que, según el consejero del sector, Pere Sampol, "nace con la clara intención de proteger al pequeño comercio y al tradicional frente a la presión de las grandes superficies".