Iberia ha cerrado un acuerdo con dos socios destacados de su núcleo estable (BBVA y Caja Madrid) y con el Banco Popular para crear una compañía con la que desarrollará un sistema de pago electrónico de billetes en algunas de sus líneas más rentables; entre ellas, el puente aéreo Madrid-Barcelona.
Iberia ha cerrado un acuerdo con dos socios destacados de su núcleo estable (BBVA y Caja Madrid) y con el Banco Popular para crear una compañía con la que desarrollará un sistema de pago electrónico de billetes en algunas de sus líneas más rentables; entre ellas, el puente aéreo Madrid-Barcelona. Iberia tendrá el 40% de la compañía y cada una de las tres entidades financieras el 20%. El sistema parte de una tarjeta de pago con cuyo uso se tendrá acceso directo, ya sin billetes ni tarjetas de embarque, a las aeronaves de la compañía. Pretende aligerar la burocracia previa que hasta ahora era necesaria para adquirir un billete. El objetivo principal de esta nueva sociedad es hacer frente a la inminente competencia que le llegará a la compañía una vez que se abra al tráfico comercial la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Iberia pretende limitar con una mayor fluidez en las operaciones de embarque del pasaje la pérdida de cuota de mercado que previsiblemente le provocará la irrupción del nuevo sistema de transporte en esta línea. Iberia cuenta con perder el 50% de ese mercado. La aerolínea y sus socios han optado por poner en marcha esta nueva herramienta comercial en el puente aéreo, dado que es una línea sin reservas y que permite sólo con el pago del servicio asignar directamente un asiento en el avión. Fuentes de la compañía aseguran que el desarrollo está previsto aplicarlo a otras líneas de la compañía, pero optan por mantenerlo en secreto debido a que es un elemento clave de sus planes comerciales futuros. La aerolínea informó al Servicio de Defensa de la Competencia de sus intenciones el jueves de la pasada semana y ahora será el ministro de Economía el que tendrá que autorizar la operación en el supuesto de que considere que no afecta a la libre competencia. (Fernando Sanz /Jorge Chamizo, Diario Cinco Días, 21/06/01)
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