El Consejo de Ministros de España decidirá hoy si presenta un recurso de anticonstitucionalidad contra la ecotasa

El Consejo de Ministros español decidirá hoy si el gobierno presentará un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos de Alojamiento Turístico, denominada ecotasa, aprobada por el Parlamento balear el pasado 10 de abril y que entrará en vigor en enero de 2002. Este impuesto, el primero de estas características que se aprueba en España, consiste en el cobro de un euro diario de media a todos los turistas mayores de 12 años que pernocten en establecimientos turísticos (campings, apartamentos, casas rurales u hoteles) de la Comunidad balear, que es visitada anualmente por una media de 10 millones de turistas. Según estimaciones del Ejecutivo autonómico, la ecotasa proporcionaría unos ingresos anuales de entre 10.000 y 12.000 millones de pesetas (entre 60 y 72 millones de euros), el doble de lo que percibe por tributos propios, que permitiría "afrontar la falta de recursos necesarios para paliar el deterioro medioambiental que supone la actividad turística a gran escala" y abordar "con urgencia el dimensionamiento de las infraestructuras básicas que exige un desarrollo sostenible", recoge el texto de la Ley. "El carácter finalista del nuevo impuesto garantiza la financiación suplementaria de los programas de conversión turística y medioambiental, que asegurarán el desarrollo racional y armónico del principal sector económico de las Islas Baleares", añade la norma autonómica. El mismo día de la aprobación del impuesto, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció que un equipo de técnicos estaba estudiando si la ecotasa es un tributo directo "incompatible" con otros que ya existen. Será precisamente el informe de este equipo el que servirá de base para que el Ejecutivo decida hoy si interpone o no el recurso ante el Tribunal Constitucional. Los hosteleros de Baleares, la Agrupación Hotelera de Zonas Turísticas (Zontur), La Federación Española de Hoteles (FEH), la Mesa del Turismo y la CEOE han pedido repetidamente al gobierno español que recurra la Ley que, desde su punto de vista, supondrá un "freno" al sector turístico balear en particular y español en general. Asimismo, según un estudio de la Federación Hotelera de Mallorca el impuesto es inconstitucional, porque supone gravar las pernoctaciones, que ya lo están por el IVA. Esto implica una doble imposición que vulnera los límites de la potestades tributarias de la Comunidad Autónoma de Baleares previstas en el artículo 133.2 de la Constitución, el 6.2 de la LOFCA y el artículo 57 del Estatuto de Autonomía. El estudio añade que el impuesto autonómico "establece restricciones en la libertad de establecimiento de empresas y la libre circulación de personas y servicios", lo que infligiría el artículo 157 de la Constitución, y el 9c) de la LOFCA. En este sentido, apunta que el impuesto supone un discriminación de los empresarios baleares frente a los de otras comunidades sin que existan "razones de carácter objetivo". Asimismo, los hoteleros mallorquines critican que el impuesto excluya del pago a los visitantes que no pernoctan en alojamientos turísticos. En contraposición, la ecotasa ha sido defendida por los grupos ecologistas y por el propio gobierno balear, para el que el nuevo impuesto se ha convertido en un símbolo del Pacto de Progreso y de "solidaridad". Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el 80 por ciento de la población balear está a favor de la ecotasa e "incluso la apoyan el 75 por ciento de los votantes del Partido Popular".