El gobierno español aprueba presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ecotasa que intenta impulsar Baleares

El gobierno español presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos de Alojamiento Turístico, popularmente conocida por ecotasa, que fuera aprobada por el Parlamento de Baleares el pasado 10 de abril, según anunció el portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el viernes. Además, el gobierno ha pedido la suspensión cautelar de dicho impuesto, por considerar que recae sobre hechos imponibles que ya están gravados por el IVA y el IAE. "La ecotasa vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias al establecer un impuesto cuyo hecho imponible es sustancialmente idéntico al Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) y recaer sobre elementos materiales de riqueza gravados por el Impuesto local sobre Actividades Económicas (IAE)", afirmó Cabanillas. El Ejecutivo español reconoce que las comunidades autónomas pueden establecer sus propios impuestos, siempre y cuando no vulneren otras leyes o la Constitución. Así, argumenta que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas (LOFCA) establece que las comunidades "no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado o materias reservadas por la legislación de régimen local a las corporaciones locales, en este caso, sin contar con una habilidad legal expresa para ello", apunta el gobierno. En este sentido, añade que tanto en el caso del IVA como en el de la ecotasa se grava la capacidad económica del consumidor de los servicios de alojamiento en establecimientos turísticos. "También resulta patente la incidencia del impuesto cuestionado en la materia gravada por el IAE, entre otras cosas porque la norma balear fija las cuotas para determinados establecimientos de acuerdo incluso con parámetros del Impuesto de Actividades Económicas", dijo el portavoz del Gobierno. Este impuesto autonómico, el primero de estas características que se aprueba en España, consiste en el cobro de un euro diario de media a todos los turistas mayores de 12 años que pernocten en establecimientos turísticos (campings, apartamentos, casas rurales u hoteles) de la Comunidad balear, que es visitada anualmente por una media de 10 millones de turistas. Según estimaciones del Ejecutivo autonómico, la ecotasa proporcionaría unos ingresos anuales de entre 10.000 y 12.000 millones de pesetas (entre 60 y 72 millones de euros), el doble de lo que percibe por tributos propios, que permitiría "afrontar la falta de recursos necesarios para paliar el deterioro medioambiental que supone la actividad turística a gran escala" y abordar "con urgencia el dimensionamiento de las infraestructuras básicas que exige un desarrollo sostenible", según recoge el texto de la controversial Ley. "El carácter finalista del nuevo impuesto garantiza la financiación suplementaria de los programas de conversión turística y medioambiental, que asegurarán el desarrollo racional y armónico del principal sector económico de las Islas Baleares", añade la norma autonómica. El recurso de inconstitucionalidad sobre la totalidad de la Ley autonómica, que hubiese entrado en vigor en enero de 2002, fue propuesto por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y se ha preparado en conformidad con el informe elaborado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los hoteleros de Baleares, la Agrupación Hotelera de Zonas Turísticas (Zontur), La Federación Española de Hoteles (FEH), la Mesa del Turismo y la CEOE pidieron repetidamente al Gobierno que recurriera la Ley que, desde su punto de vista, supondría un "freno" al sector turístico balear y español. En concreto, La Federación Hotelera de Mallorca argumentó, como lo ha hecho el Gobierno, que el impuesto era inconstitucional, porque suponía una doble imposición, que vulnera los límites de la potestades tributarias de la Comunidad Autónoma de Baleares previstas en el artículo 133.2 de la Constitución, el 6.2 de la LOFCA y el artículo 57 del Estatuto de Autonomía. El estudio elaborado por los hoteleros mallorquines añadía que el impuesto autonómico "establece restricciones en la libertad de establecimiento de empresas y la libre circulación de personas y servicios", lo que infligiría el artículo 157 de la Constitución, y el 9c) de la LOFCA. Asimismo, los hoteleros mallorquines critican que el impuesto excluyera del pago a los visitantes que no pernoctan en alojamientos turísticos y que tuviese que ser recaudado a través de los alojamientos turísticos. En contraposición, la ecotasa ha sido defendida por los grupos ecologistas y por el propio gobierno balear, para el que el nuevo impuesto se ha convertido en un símbolo del Pacto de Progreso y de "solidaridad". Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el 80 por ciento de la población balear está a favor de la ecotasa y asegura que "incluso la apoyan el 75 por ciento de los votantes del Partido Popular".