La Federación de Transportes de Intersindical Canaria asegura que las obras del aeropuerto de Los Rodeos, situado a 12 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, incumple la normativa medioambiental europea, por lo que ya existen dos denuncias y "podrían ser declaradas ilegales por la Comisión Europea".
La Federación de Transportes de Intersindical Canaria asegura que las obras del aeropuerto de Los Rodeos, situado a 12 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, incumple la normativa medioambiental europea, por lo que ya existen dos denuncias y "podrían ser declaradas ilegales por la Comisión Europea". Se trata, señala Intersindical en un comunicado, de las directivas 90/313/CEE sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente y la 97/11/CEE de evaluación de determinados proyectos medioambientales. Esta organización tacha de "irresponsabilidad" que Fomento continúe ejecutando esta obra "sobre la que existen dudas sobre su conformidad al derecho comunitario", a la vez que critica que ni el Cabildo de Tenerife ni el Gobierno de Canarias hayan realizado "comentario alguno sobre la legalidad de estas obras". Declaración medioambiental Intersindical también denuncia la forma en que se realizó la declaración medioambiental. El sindicato explica que esta fue elaborada por la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y luego pasó a la Cotmac, que la devolvió con modificaciones que, al parecer, "no fueron bien vistas desde Madrid". Por ello, el Ministerio de Fomento y Medio Ambiente requirió a la comunidad autónoma para que se inhibiera por carecer de competencias. "En definitiva, un entramado jurídico, sin respeto a la legalidad, que ha llevado a presentar denuncias ente la comisión de la Unión Europea contra los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente", afirma Intersindical. Solicitando al Consistorio Insular que "analice el primer documento elaborado por la Cotmac y se informe sobre la existencia de estas denuncias en la Comisión de la Unión Europea, pues se podría dar el supuesto de que una vez acabadas las obras sean calificadas de ilegales por ser contrarias la legislación urbanística española y al derecho comunitario".
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