El ministro español de Medio Ambiente considera un hito la voladura del Gran Hotel de Atlanterra, en Cádiz

El Gran Hotel de Atlanterra, en Tarifa (Cadiz), de 45.000 metros cuadrados y que nunca llegó a abrirse al público, quedó ayer reducido a 105.000 toneladas de escombros en una voladura controlada que accionó el ministro español de Medio Ambiente, Jaume Matas, que calificó la operación de un "hito que sirve de ejemplo para otras actuaciones" dentro de la política medioambiental del Gobierno central. Matas manifestó a los medios tras la voladura del hotel que este derrumbe se inserta "dentro de la política de protección y de recuperación de la zona protegida de nuestras costa y por tanto del dominio público", e indicó que el Ejecutivo "trata de evitar" que "estas cosas se puedan producir en el futuro" y "recuperar aquellas zonas que provocan un impacto ambiental no deseado". Asimismo, calificó la jornada de ayer como "un día importante" para la política medioambiental en España y por otro lado, para todos los vecinos de la zona "que llevan más de 20 años luchando y reivindicando la recuperación de este espacio natural y que se eliminase un edificio que producía un fuerte impacto ambiental en esa playa". En esta línea, destacó que espera que el derrumbe "sea sólo el principio" de una política de recuperación de nuestra costa y espacios naturales que el Gobierno español "va a continuar en toda la costa española" y para la que "servirá de ejemplo". En cuanto a acciones futuras en este ámbito, el ministro afirmó que se demolerán un centenar de ocupaciones ilegales en la playa gaditana del Trocadero, en Puerto Real, y que actuará en este mismo sentido en las ubicadas en las playas de Cádiz de El Rinconcillo en Algeciras, La Atunara en La Línea de la Concepción, Fontanilla en Conil de la Frontera, y Palmones en Los Barrios, donde existe un edificio de apartamentos "similar al derruido hoy aunque de menos entidad". No obstante, Matas quiso apuntar que las comptencias del Gobierno se reducen a las apropiaciones que tengan lugar dentro de la primera línea de la costa, y que "no le corresponden" las tareas de ordenación del territorio que son de la Junta de Andalucía, al Gobierno le compete "evitar que esas edificaciones puedan afectar a la primera línea de playa y proteger el dominio público", apostilló.