El nuevo decreto andaluz sobre casas rurales podría no conseguir acabar con los alojamientos ilegales, según el sector

El nuevo decreto que está a punto de aprobar la Junta de Andalucía para regular el segmento de alojamiento turístico de casas rurales podría no conseguir legalizar las, aproximadamente, 7.000 casas rurales ilegales de la región, según fuentes del sector. A juicio de las mismas fuentes, el 10 por ciento de la oferta existente en la región --unas 800 casas-- se encuentran legalizadas, mientras que unas 7.000 no están inscritas en ningún registro. "El nuevo decreto, que en breve aprobará la Junta de Andalucía, no va a ser fácil de implantar, porque no ofrece ningún aliciente para que estas casas se legalicen", aseguraron. De este modo, el sector considera conveniente que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía se plantee conceder ayudas o la inclusión en campañas promocionales a aquellos alojamientos que, a la luz del nuevo decreto, decidan legalizarse. Precisamente, la oferta ilegal es uno de los problemas que tiene el sector en Andalucía. De hecho, existen estudios en pueblos como Grazalema (Cádiz) en los que sólo hay registradas 15 casas como alojamientos rurales, pero donde realmente operan unas 150. Estas fuentes señalaron que la misma circunstancia se da en las zonas donde hay un mayor desarrollo del turismo interior en Andalucía. La Sierra de Cádiz, Aracena y los Picos de Aroche (Huelva), Cazorla (Jaén), la Alpujarra (Granada) y la Axarquía (Málaga). Asimismo, indicaron que es necesario hacer llegar a los propietarios de las casas rurales en qué va a consistir este decreto y advirtieron de que la normativa "es exigente" en cuanto a equipamiento, por lo que "hay gente que se va a echar hacia atrás" a la hora de adaptarse a la norma.