España: Moratoria total en las zonas turísticas de Menorca para prevenir una avalancha de proyectos antes del Plan Territorial

Otra moratoria a la vista. El Pacte de Progrés empleará su mayoría en el Consell de Menorca para aprobar este viernes una norma cautelar que paralizará radicalmente la concesión de cualquier licencia en los núcleos turísticos para la construcción de edificios plurifamiliares y establecerá severos cupos para los unifamiliares hasta la entrada en vigor del Plan Territorial Insular (PTI) para prevenir una avalancha de solicitudes. El objetivo es claro: evitar que ningún promotor aproveche este lapso de tiempo para tramitar ante su ayuntamiento un proyecto que contemple la construcción de algún edificio para uso turístico que no se adapte a las directrices que fijará el PTI. En el punto de mira del Consell están, sobre todo, los complejos de apartamentos. Esta modalidad de alojamiento es denostada por los partidos de izquierda al considerarla contraproducente para la economía insular ya que, según ellos, apenas crea puestos de trabajo y deja escasos beneficios sociales. De acuerdo con el nuevo Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) incluido en el PTI, en Menorca sólo se podrán construir hoteles de lujo ?de entre cuatro y cinco estrellas? con una capacidad máxima de 225 turistas, una superficie mínima de 75 metros cuadrados por plaza y una altura límite de tres plantas. En el caso de las viviendas unifamiliares el tope se fija en las dos plantas. En total, y de salir adelante la propuesta inicial del Pacte de Progrés, la capacidad de alojamiento turístico en Menorca no podría crecer jamás más allá de 16.000 nuevas plazas, aproximadamente. Esto es así en tanto que el perímetro actual de las urbanizaciones queda blindado con la catalogación de nuevo suelo protegido por su valor ecológico. De acuerdo con la propuesta de norma cautelar conocida ayer, quedará prohibido en Menorca autorizar ninguna actuación que tenga por objetivo construir o ampliar cualquier edificación que pueda ser utilizada como hotel, hotel-apartamento o apartamento turístico. «Queremos parar una dinámica que lleva a incrementar la oferta turística alegal, que no dispone de servicios ni está sujeta a controles de calidad», resaltó ayer la presidenta, Joana Barceló. En cuanto a las viviendas aisladas, e independientemente de si son para uso residencial o turístico, mientras dure la moratoria se establece un tope de 38 nuevas licencias en Maó y Ciutadella, 24 en Alaior, 21 en Es Mercadal, Sant Lluís y Es Castell, 20 en Ferreries y 7 en Es Migjorn. Estas cantidades se han calculado de forma proporcional a la población de hecho en cada municipio y al volumen de licencias que tramitan. A los ayuntamientos también se les insta a conceder las licencias en función de un estricto orden cronológico en la presentación de la solicitud. Los proyectos presentados en los últimos tres meses y aún no autorizados también se verán sujetos a la nueva restricción. El sistema de cupos para la construcción en suelo turístico tendrá continuidad en los próximos diez años, según consta en el avance del Plan. De esta forma, desde el equipo de gobierno se pretende controlar no sólo el límite de crecimiento sino también el ritmo a que debe producirse. Eso sí, Barceló insistió en que se van a garantizar los derechos a todos: «la seguridad jurídica prevalece». La nueva moratoria viene a ampliar la que fue aprobada el 16 de octubre de 2000, ya entonces con el pretexto de «asegurar la efectividad del PTI». Según consta en la argumentación de la nueva norma cautelar, que será aprobada en el pleno del viernes, el avance del Plan Territorial ofrece demasiados detalles sobre la futura ordenación turística como para poner en alerta a todos los promotores que, en uso de sus derechos actuales, podrían estar tentados a presentar proyectos más ambiciosos. Aún dispondrían de medio año para hacerlo. Este mismo texto denuncia que entre los proyectos urbanísticos aprobados por los ayuntamientos menorquines últimamente se detecta un «significativo incremento» en las actuaciones «irracionales» que «ponen en peligro la calidad de la oferta turística en la isla y tienen un impacto negativo sobre los recursos naturales, valores ambientales y paisajísticos». (M. Félix, El Mundo-El Día de Baleares, 30/04/02)