España: El Parlamento andaluz propone una tasa ecológica que incluya al turismo

Fiscalidad ambiental sí, pero sólo a los sectores productivos que dañen el medio ambiente. Ésta es la conclusión del dictamen elaborado por el grupo de trabajo del Parlamento andaluz sobre ecotasa y fiscalidad ambiental. Los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en la implantación de un «impuesto, tasa o contribución especial» que grave a aquellos sectores productivos cuya actividad genere impactos negativos contra el medio ambiente. Entre estos sectores, se incluye el turismo, por lo que se descarta así la puesta en marcha de un impuesto específico para el sector como el impulsado en Baleares bajo el nombre de ecotasa. El dictamen -que cuenta con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios aunque con matices- insta a la Junta a elaborar y presentar ante la Cámara un proyecto de Ley General de Fiscalidad Ecológica que incluya medidas de incentivo y criterios de fiscalidad positiva, como exenciones fiscales y deducciones para aquellas actividades que velen por la conservación y la mejora del medio ambiente y los recursos naturales, y que además grave a los sectores productivos que dañen el medio ambiente. Estas propuestas cuentan con el beneplácito de todos los partidos que conforman el grupo de trabajo, pero no así las iniciativas que competen al Estado, donde el Partido Popular muestra su rechazo. En este sentido, el dictamen insta al Gobierno central a promover y suscribir un pacto fiscal de Estado orientado hacia criterios ecológicos. El parlamentario popular, Joaquín Ramírez, que califica el documento de «correcto y completo», afirma que su grupo votará en contra de estas propuestas «ya que en el grupo de trabajo no se formuló crear iniciativas más allá de las competencias autonómicas». La diputada de Los Verdes adscrita al grupo socialista, Inmaculada Gálvez, quiso dejar claro que la inclusión de un instrumento que grave al sector turístico no tiene nada que ver con la figura impositiva de la ecotasa de Baleares. Así, afirmó que será la futura Ley de Fiscalidad Ambiental la que perfilará el instrumento que grave al sector turístico. En este punto también discrepa el Partido Popular, al considerar que no está demostrado que el sector turístico, y en este caso los empresarios, sean los responsables de producir impactos negativos sobre el medio ambiente. Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Romero, se mostró convencido de que este documento pueda sentar las bases para avanzar en la definición de los tributos ambientales en la Comunidad Autónoma. (S. F. diario Sur, 16/05/02)