La Consejería de Turismo de Andalucía prepara un decreto para ordenar la inversión en las zonas turísticas que distinguirá entre las zonas ya consolidadas que necesitan reconvertirse para mejorar la calidad de su oferta y las que cuentan con potencial todavía sin desarrollar. La iniciativa, que ha sido sometida a consideración de la Mesa del Turismo, forma parte de la ofensiva que ha lanzado la consejería para reconducir el debate sobre la necesidad de transformar los destinos turísticos, centrado en las últimas semanas en torno al impuesto ecológico.
La Consejería de Turismo de Andalucía prepara un decreto para ordenar la inversión en las zonas turísticas que distinguirá entre las zonas ya consolidadas que necesitan reconvertirse para mejorar la calidad de su oferta y las que cuentan con potencial todavía sin desarrollar. La iniciativa, que ha sido sometida a consideración de la Mesa del Turismo, forma parte de la ofensiva que ha lanzado la consejería para reconducir el debate sobre la necesidad de transformar los destinos turísticos, centrado en las últimas semanas en torno al impuesto ecológico. El viceconsejero, Javier Aroca, rechazó ayer el cauce que ha tomado la polémica, y dijo que la sola existencia de un debate en torno al supuesto carácter contaminante del turismo ya resulta perjudicial para esta industria, y rechazó que el turismo sea «un hecho impositivo». Por el contrario, en su opinión, lo que necesita el sector en Andalucía es corregir mediante inversiones y planeamiento los desequilibrios históricos de las zonas turísticas ya consolidadas y promover un desarrollo ordenado de las zonas con potencial. En ese sentido, el decreto que prepara la consejería divide las zonas de actuación en unas denominadas "de preferente actuación turística" y otras "de recualificación de destinos", donde podría entrar la Costa del Sol. El texto contempla la necesidad de que estas zonas consigan una mejora progresiva de la calidad ambiental y de equipamientos turísticos acordes a la demanda. «El objetivo de esta figura -sostiene el proyecto de decreto- es mejorar, corregir y evitar nuevos procesos de degradación y agresión medioambiental y urbanística». (H. B., diario Sur, 24/05/02)
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