UNAV recogerá firmas de las agencias para despenalizar los impagos a IATA

Garrido aclara que no piden que todos los casos pasen de la vía penal a la civil, sino que se estudien antes y, en función de los motivos del impago, se decida. “Entendemos que a veces sí hay apropiación indebida, pero en la mayoría de los casos no es así, sino que el impago se ha producido por una situación económica de la agencia que imposibilita hacer frente a los pagos”.

Para diferenciar unos casos de otros UNAV va a pedir a IATA un trámite intermedio que, antes de la demanda, dilucide si ha habido o no intencionalidad en el impago. Es decir, si hay apropiación indebida o simple insolvencia económica y, por consiguiente, si procede la vía penal o la civil.

Garrido recordó que en 2017 las agencias de viajes intermediaron en un total de casi 4.800 millones de euros, según la producción del BSP (sistema de liquidación de las agencias a IATA), y que según la asociación aérea, el volumen de defaults (impagos) “fue marginal”. El pasado año cerró con un total de 4.215 agencias de viajes con licencia IATA, de las que 1.126 son centrales.

IATA inicia un proceso penal, y no civil, contra toda agencias que deja de pagar el BSP

También recordó el vicepresidente de UNAV, José Luis Méndez, que todas las agencias tienen que depositar unos avales para tener esa licencia, y que el plazo de liquidación se ha reducido en los últimos años, para el 90% de las agencias, desde una vez al mes a una vez cada diez días, lo que reduce significativamente la posibilidad de acumular deuda. Méndez incide en el desequilibrio en la relación entre las agencias e IATA: “Cuando una aerolínea quiebra, no se la demanda por lo penal”.

En el sector de agencias se considera anacrónica esta situación, ya que en el resto de los sectores las denuncias por impagos no van por la vía penal, sino por la civil, y también señalan que, incluso la propia IATA no procede de igual manera en todos los países.

Recogida de firmas

Para evitar esta situación “de indefensión”, UNAV va a iniciar una recogida de firmas del Manifiesto de UNAV entre sus más de 2.000 agencias asociadas (iniciativa a la que va a invitar al resto de asociaciones de agencias, incluyendo a la confederación CEAV), para a continuación mantener una reunión con IATA e intentar constituir una mesa de mediación que estudie cada caso de impago antes de que se inicien acciones legales.

Marta Rosas, Carlos Garrido y José Luis Méndez.

El tercer paso será una reunión con las autoridades pertinentes para poner el caso en su conocimiento. “Confiamos en que nuestras propuestas tengan la adecuada acogida en sus destinatarios. No obstante ello, para el caso de que no fuera así y continúe esta actual situación potencialmente calificable de abuso de posición dominante, o de abuso de derecho, desde UNAV se estudiarán las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de nuestras Agencias de Viajes asociadas”, concluye el manifiesto.

Antecedente legal, el caso de Viajes Távora

A este respecto, cabe recordar que en 2016 la Audiencia de Sevilla dio la razón a Viajes Távora contra la denuncia de IATA por apropiación indebida. Esta agencia, con más de 40 años de historia, presentó concurso de acreedores en 2014 y acabó cerrando. Pero la maquinaria legal de IATA inició su protocolo por la vía penal por un default de 700.000 euros.

Pero la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió de ese delito a Viajes Távora, por considera que no existía delito penal por robo, sino civil por deuda. La sentencia argumentaba que no existía prueba contractual de relación entre Viajes Távora e IATA: “No existía pacto que obligara a reservar o custodiar para Iberia [asociada de IATA] el dinero de la venta, pues a ésta, lo único que le interesaba era cobrar con independencia de cómo Viajes y Congresos Távora organizara sus cuentas, asegurándose el cobro con el aval”.

El tribunal no ponía en duda de que la agencia dejó de pagar el BSP durante dos meses, pero dejó claro en la sentencia de que la agencia “no se apropió del dinero de las compañías a IATA asociadas -pues parte de sus ventas aún no habían sido cobradas-, sino que incumplió la obligación civil”.

En este sentido, Marta Rosas, directora de Tourism & Law, indica que es un buen precedente, pero que lo que hay que conseguir es evitar llegar ahí. “¿Qué necesidad había de que el agente de viajes iniciara todo ese proceso judicial, con el consiguiente perjuicio económico y personal?”.