El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con la oposición del Partido Popular, el dictamen del grupo de trabajo "Ecotasa y Fiscalidad Ecológica", en el que se insta al Gobierno de la Junta a que elabore un proyecto de Ley General de Fiscalidad Ecológica que incluya medidas incentivadoras y criterios de fiscalidad positiva y grave a aquellos sectores productivos cuya actividad económica pudiera producir dichos impactos negativos.
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con la oposición del Partido Popular, el dictamen del grupo de trabajo "Ecotasa y Fiscalidad Ecológica", en el que se insta al Gobierno de la Junta a que elabore un proyecto de Ley General de Fiscalidad Ecológica que incluya medidas incentivadoras y criterios de fiscalidad positiva y grave a aquellos sectores productivos cuya actividad económica pudiera producir dichos impactos negativos. Este dictamen propone la implantación de un "impuesto, tasa o contribución especial" que grave aquellos sectores productivos cuya actividad produzca "impactos negativos sobre el medio ambiente, incluido el sector turístico", entre otras medidas. El dictamen descarta en todo momento la implantación de una ecotasa como la balear, puesto que "no se trata de crear un impuesto para el turista, sino al sector productivo cuya actividad produzca impactos negativos sobre el medio ambiente" En este sentido, el dictamen aprobado por el Pleno del Parlamento reclama al Gobierno andaluz la creación de una mesa de diálogo Junta-Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)con el objetivo de preparar de manera conjunta y con el suficiente consenso un cuerpo de ordenanzas municipales sobre fiscalidad ecológica. Asimismo, se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a diseñar otros instrumentos económicos de política ambiental que se conjuguen con la fiscalidad ecológica y, en concreto, dar una nueva orientación al gasto público mediante mecanismos que vinculen las ayudas y subvenciones a actividades empresariales, instituciones y particulares en cumplimiento de criterios y condicionantes medioambientales y sociales en el marco del desarrollo sostenible. Además, el dictamen presentado por el grupo de Trabajo pide al Ejecutivo central que desarrolle el Título VIII de la Constitución Española y que finalice la cesión de las competencias reconocidas a las comunidades autónomas, "especialmente las relativas al agua y las relativas a las políticas activas de empleo". Asimismo, insta al Gobierno que preside José María Aznar a que "apoye y no obstaculice dentro de la Unión Europea las propuestas sobre fiscalidad ambiental en un marco único europeo, y en especial, las relacionadas con la energía y el dióxido de carbono".
Para comentar, así como para ver ciertos contenidos de Hosteltur, inicia sesión o crea tu cuenta
Inicia sesiónEsta noticia no tiene comentarios.