La nueva normativa para el alquiler turístico implicará cambios en la LAU

Tras reunirse en Mallorca con las autoridades autonómicas competentes en la materia, Oliver explicó que la Abogacía del Estado está involucrada en la redacción del borrador de esta ley que el Gobierno tiene intención de debatir y analizar con las partes interesadas y las comunidades autónomas a partir del mes de septiembre.

Oliver indicó que este tipo de normativa es "muy compleja" por la cantidad de administraciones públicas involucradas, también la Unión Europea, y defendió que cada comunidad autónoma debe desarrollar sus competencias en este sentido, según las características específicas de cada territorio.

La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, en una imagen de archivo.

Precisamente, la ley estatal quiere dar "seguridad jurídica" a las comunidades autónomas, los propietarios y los consumidores para evitar cualquier tipo de fraude y "tener unas reglas del juego claras".

Recursos de la CNMC

Oliver además consideró ayer en Palma que la ley del alquiler turístico de Baleares ofrece seguridad jurídica, si bien también existen competencias europeas y estatales que la futura ley clarificará.

En septiembre, el Ministerio quiere estudiar junto con las autoridades de Baleares y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las observaciones de este organismo a la normativa sobre el alquiler turístico aprobada por el Ayuntamiento de Palma y el Consejo insular de Mallorca.

Estas declaraciones de la secretaria de Estado se producen después de los recursos presentados esta semana por la CNMC contra las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas de los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián.

Crítica de Exceltur

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, calificó de "imprudente, chocante y vergonzante" la decisión de la CNMC. En declaraciones a Efe, Zoreda afirmó que los recursos presentados ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y el País Vasco se basan en "argumentos muy vacuos" y "muchos juicios de valor poco fundamentados".

El vicepresidente de la asociación que agrupa a las grandes empresas del sector turístico cree que la CNMC no conoce la "revuelta social" que están generando los pisos turísticos, que, a su juicio, se han convertido en el principal problema de orden social en los grandes destinos turísticos de España. "Nos parece una enorme imprudencia echar más leña al fuego en unos momentos de crecientes problemas de convivencia social y ciudadana", ha recalcado Zoreda, quien ha señalado que la CNMC trata de "limitar" las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Reacciones de CC. AA.

Por su parte, la vicepresidenta de Baleares y consejera autonómica del ramo, Bel Busquets, subrayó que el archipiélago cuenta con su propia ley, que es "una de las más avanzadas", al trasladar la responsabilidad del alquiler turístico a los consejos insulares y al Ayuntamiento de Palma, por ser la capital. "Nuestra ley no ha sido impugnada y la continuaremos desarrollando", añadió.

Por contra, la Junta de Castilla y León se mostró partidaria de una regulación nacional que fije "los criterios mínimos" para las viviendas de uso turístico, aunque la competencia en esta materia sea de las comunidades autónomas. De acuerdo con la información de Efe, el director general de Turismo, Javier Ramírez, destacó el pasado miércoles la necesidad de contar con una normativa nacional que determine estos "criterios mínimos" pero que luego cada comunidad regule de la manera que "considere más conveniente" y adaptada a sus particularidades. En este sentido, Ramírez indicó que en la regulación de los pisos de alquiler influyen aspectos como la seguridad y la inspección, materias que en Castilla y León son competencia de la Administración central.

En esta cuestión, Ramírez recordó que la Junta está a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso presentado contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba la prohibición de cesión por habitaciones de la vivienda de uso turístico en el decreto que regula en esta comunidad estos alojamientos.