La propuesta de financiación local plantea gravar las estancias turísticas

El informe de los expertos, que dio a conocer ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), analiza la división de competencias entre los distintos niveles de la administración pública y examina la equidad del sistema de financiación local, con el objetivo de hacer propuestas encaminadas a racionalizar técnicamente el marco tributario de los municipios y mejorar su autonomía.

Fuente de la imagen: Fedea Policy Papers - 2018/08.

Para mejorar la responsabilidad fiscal de las corporaciones, considera oportuno dotar a los gobiernos locales de nuevos instrumentos con capacidad para modular sus ingresos de una forma "visible para el ciudadano". Entre los más importantes, menciona el impuesto sobre las estancias turísticas.

En concreto, aboga por implantar este gravamen para "dar respuesta a una demanda recurrente por parte de los municipios turísticos que argumentan tener que desplegar un abanico de servicios que va mucho más allá del que correspondería a su población residente y contribuyente habitual". En este sentido, recuerda que las localidades con gran número de visitantes se ven obligadas a incrementar los gastos en ciertos capítulos, y pone como ejemplo la recogida de basuras o la seguridad ciudadana.

A continuación, señala que esto ha servido de base para reclamar financiación adicional, "reivindicación que se suele llevar al terreno de las transferencias". Sin embargo, la Comisión de expertos cree que estos costes podrían ser mejor internalizados por medio de un impuesto que grave las estancias turísticas.

El tributo

La Comisión alega que se trata de un gravamen ya implantado en el contexto internacional. Indica que en España existen algunos impuestos autonómicos de esta naturaleza, en Baleares y Cataluña, pero estima que "es en el ámbito local donde este tributo debería situarse, dado que son los ayuntamientos las administraciones que soportan la mayoría de los costes relevantes". De ahí que vea necesario arbitrar los mecanismos pertinentes de coordinación y compensación en una eventual reforma.

A juicio de los expertos, el nuevo impuesto debería presentar un hecho imponible suficientemente amplio como para englobar a todas las modalidades de estancias turísticas. Su base imponible habría de tener en cuenta el número de estancias y, en la fijación de la cuota, se podría distinguir entre establecimientos de diversas categorías, de modo que se concediera cierto margen de actuación a cada localidad.