Guipúzcoa da los primeros pasos para establecer una tasa turística

La creación de esta comisión tiene como objetivo conseguir que el territorio "esté preparado para cuando Euskadi decida a quién corresponde la competencia recaudatoria de este gravamen", según explicó la directora de Turismo de Gipuzkoa, Maite Cruzado.

"A la espera del resultado del informe encargado por el departamento de Turismo del Gobierno Vasco, que es el que dilucidará esta cuestión, la Diputación quiere ir avanzando para acordar y lograr un amplio consenso con el sector sobre el modelo que Guipúzcoa podría implantar, el carácter del gravamen y el destino, independientemente de a quien corresponda la competencia”, añadió.

Según informó la Diputación foral, dicha comisión ha celebrado esta semana su primera reunión, con la participación de los responsables forales de Turismo, Denis Itxaso y Maite Cruzado, y representantes del sector de los alojamientos del territorio, como Paul Lizeaga, de la Asociación de Hoteles de Gipuzkoako Hotelen Elkartea; Kino Martinez, de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa; Idoia Ezkurdia, de la Asociación de Agroturismos; Asier Pereda, de los apartamentos turísticos Aparture; Miriam Eizaguirre , de Cámpings de Guipúzcoa, y Basagaitz Gereño, del Grado de Turismo de la Universidad de Deusto.

En el encuentro se analizaron los modelos de distintas ciudades europeas y la recaudación anual estimada por pernoctación, que habría sido de 1,9 millones de euros en 2017, de haberla podido aplicar en ese ejercicio. El 81% provendría de los hoteles, el 9% de los apartamentos turísticos y el 5% de los alojamientos rurales y otros recursos.

La comisión valoró también la posibilidad de establecer bonificaciones por temporada baja y por estancias en el interior, las posibles exenciones, la forma de cobro al cliente y la fecha de aplicación.

El 81% de la recaudación de la tasa turística procedería de los hoteles, el 9% de los apartamentos turísticos y el 5% de los alojamientos rurales y otros recursos

Maite Cruzado apostó por "un impuesto progresivo, en función del tipo de alojamiento", sin pretender que tenga un carácter "disuasorio" o "regular los flujos", sino que "la riqueza revierta y quede en manos públicas para que sea utilizada como instrumento de política turística para regular o estimular comportamientos adecuados en el sector".

"Existen varias opciones", indicó, para el destino de los fondos que se consigan, entre las que destacó "financiar el incremento en el coste de servicios públicos que consumen los turistas", como la seguridad o la limpieza, o pagar "infraestructuras relacionadas con el turismo sostenible", así como emplearlos "en la rehabilitación y recuperación del patrimonio histórico y cultural del que disfruta el turismo".