Airbnb se ofrece para recaudar tasas turísticas en España
Hará hoy la propuesta en el Grupo de Trabajo sobre el alquiler vacacional
Publicada 26/09/18- La plataforma apoya la creación de un registro central único de viviendas de arrendamiento turístico en el país
- El Gobierno quiere rebajar la unanimidad de vecinos ahora necesaria para prohibir el uso turístico de un edificio
- Los hoteleros instan a aprovechar las reuniones de esta semana para establecer "reglas del juego" iguales para todos
El portal Airbnb está dispuesto a ejercer de recaudador de tasas turísticas en España puesto que, según sostiene la compañía, allí donde están implantadas se simplifican los trámites a los propietarios de las viviendas de alquiler y permiten a los gobiernos obtener ingresos adicionales, que podrían invertirse "en políticas públicas que contribuyan a un turismo sostenible".
Los responsables de Airbnb, que hoy se reúnen con representantes de las comunidades autónomas para abordar la situación del alquiler vacacional en la mesa de trabajo impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo, anunciaron ayer mediante un comunicado su voluntad de aplicar la misma medida que ya pusieron en marcha en julio en Francia, donde recaudan de forma automática las tasas turísticas de unas 23.000 ciudades. En este sentido, la empresa recordó que tiene acuerdos similares con gobiernos o municipios de todo el mundo, que ingresan a través de Airbnb más de 580 millones de euros.
Además, la compañía mostró su apoyo a la propuesta del Gobierno de crear un registro central único de viviendas de uso turístico, al considerar que "desincentivará a los malos actores" presentes ahora en las plataformas. "Un sistema simple y claro facilita el cumplimiento de las normas y permite a las ciudades o las regiones obtener la información que necesitan para hacer cumplir las reglas de manera efectiva, en lugar de endurecerlas y castigar a miles de personas responsables", alegó.
Airbnb asimismo estimó como "necesario" un marco legislativo que distinga de manera clara entre particulares que alquilan su vivienda habitual de manera esporádica y temporal, y un profesional del turismo.
Propuestas del Gobierno
Por su parte, el Ejecutivo concretó ayer su propuesta para modificar la Ley de Propiedad Horizontal en el sentido de rebajar la mayoría necesaria en la toma de decisiones importantes por las comunidades de vecinos, entre ellas el alquiler turístico en el edificio. El Gobierno propone que pase de la unanimidad actual a tres quintos de los propietarios.
La medida fue explicada por la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, a representantes de los 17 gobiernos autonómicos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una reunión celebrada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, informa Efe.
Si el Parlamento aprueba la reforma, los vecinos podrán plantear cambios en los estatutos de las comunidades de propietarios para prohibir que haya alquileres turísticos en su edificio, algo que actualmente solo cabe por unanimidad, con lo cual el arrendador puede evitar la decisión.
Otra propuesta del Gobierno para el control de viviendas turísticas es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para acotar los alquileres de temporada. Según indicaron a Efe fuentes del Ministerio, se fijarían unos límites de tiempo para diferenciar los alquileres de corta estancia o turísticos de los arrendamientos regidos por esa ley. Ese límite podría estar en menos de 45 días al año, según comentó a periodistas un representante autonómico.
Oliver advirtió de que las proposiciones de reforma de esas dos leyes son competencias estatales, mientras que la regulación turística es competencia autonómica y lo seguirá siendo porque "no va a haber una armonización".
Sector hotelero
Sin embargo, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), también participante en las reuniones de ayer, insistió en la necesidad de que las comunidades autónomas "armonicen su legislación", mientras el Gobierno central les da soporte modificando la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de la Sociedad de la Información y la Ley de Arrendamientos Urbanos.
"Usuarios y profesionales ganarán en seguridad jurídica y conseguiremos nivelar las reglas del juego ante un fenómeno que requiere unas medidas de inmediata puesta en marcha”, estimó la patronal.
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