Aumentan los partidarios de regular las VUT como actividad económica
Publicada 13/10/18
- La Federación de Hostelería de Granada se suma a la petición del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas
- La patronal critica la actividad del alquiler turístico por considerarla competencia desleal y economía sumergida
- El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos contempla que en 2019 se modifique la normativa del arrendamiento
Empresarios hoteleros han pedido al Gobierno central que declare como actividad económica las viviendas de uso turístico (VUT), de forma que luego tanto las autonomías como los ayuntamientos puedan ejercer mejor sus competencias y controlar este tipo de alojamiento. Suscriben así la reclamación hecha hace dos semanas por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
La petición ha sido formulada esta semana por el presidente de la Federación de Hostelería de Granada, Trinitario Betoret, tras la reunión de la mesa creada para "combatir los alojamientos clandestinos". En el encuentro, se ha analizado la proliferación del alquiler turístico, una actividad que Betoret tilda de "mal llamada economía colaborativa", según informa Efe.
Esta iniciativa, en la que participan organizaciones empresariales y administraciones públicas, pretende luchar contra ese tipo de arrendamiento temporal, la competencia desleal y otras formas de "establecimientos-personas" que prestan servicios turísticos, así como combatir todas las fórmulas que propician la economía sumergida.
Medidas del Gobierno
Precisamente, esta semana se ha sabido que la propuesta del Ejecutivo central para que las comunidades de vecinos puedan prohibir la actividad de alquiler turístico en sus edificios o fijar determinadas condiciones se hará efectiva el año que viene, ya que está contemplada en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos.
Según el texto del acuerdo al que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo modificará la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas. Además, habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.
El acuerdo presupuestario también compromete al Gobierno a implantar estas medidas a lo largo de 2019. Le obliga asimismo a facilitar que los consistorios puedan declarar de forma temporal y excepcionalmente una zona urbana "tensionada", por tener precios abusivos que obstaculizan el acceso a estos pisos.
Adicionalmente, el Ejecutivo con el apoyo de Podemos tiene previsto modificar los contratos de alquiler como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas o las garantías o la revisión de renta.
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