El Cabildo de Tenerife recibe cuatro solicitudes para adquirir sus casinos
Publicada 21/11/18
- Las empresas interesadas tienen un mes para acceder a documentación complementaria sobre los casinos
- Superado ese periodo de tiempo, los licitadores dispondrán de un plazo de cuatro meses para presentar las ofertas concretas
- La oferta ha de incluir un proyecto de inversión turística que deberá realizarse en uno de los municipios en los que se ubican los casinos
El Cabildo de Tenerife ha recibido cuatro solicitudes de empresas interesadas en participar en el concurso para la venta de los casinos de Playa de las Américas, Taoro y Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la corporación insular.
En concreto, el Consejo de Gobierno, presidido por su titular, Carlos Alonso, ha admitido a trámite las solicitudes presentadas por Global Casino Technology Corporation, Pama e Hijos, Olympic Entertaiment Group y Automáticos Canarias-Grupo Orenes.
A partir de ahora se abre un plazo de un mes, que podría ser prorrogable otros 15 días, para que estas empresas puedan acceder a documentación complementaria sobre los casinos, según detalló el Cabildo a través de un comunicado.
Una vez solventado este trámite, los licitadores dispondrán de un plazo de cuatro meses para presentar sus ofertas concretas, que deben incluir un proyecto de inversión turística que tendrá que realizarse necesariamente en uno de los tres municipios en los que se ubican los casinos, en Adeje, Puerto de la Cruz o Santa Cruz de Tenerife.
El proyecto, que implica una inversión mínima de 4,5 millones de euros, podrá comprender tanto actuaciones de obra nueva como de rehabilitación de edificaciones ya existentes.
Las bases del concurso especifican que el proyecto turístico, que tendrá que ser desarrollado en un plazo máximo de cuatro años, deberá estar relacionado con la actividad de explotación del casino de juego aunque se podrán desarrollar otras actividades turísticas adicionales.
Los recursos que se obtengan de la venta de las tres salas de juego, enmarcada dentro del proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias de la corporación insular.
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