El Supremo confirma prisión para dos agentes de viajes por estafar 700.000 euros

La condena se refiere a las dueñas de dos agencias de viajes --una en Moguer (Huelva) y otra en Valdepeñas (Ciudad Real)-- y ha confirmado la condena a tres años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 2.400 euros y a devolver a una entidad bancaria 732.866 euros por un delito continuado de estafa, al considerar probado que ésta, junto a otra socia --condenada a dos años de prisión y al pago de 42.908 euros--, realizó operaciones bancarias fraudulentas con tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras extranjeras facilitadas por un cliente, C.F., cuya identidad no ha podido ser determinada.

Según reza en la sentencia, el Supremo ha confirmado la dictada en noviembre de 2013 por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva.

La condenada a mayor pena ha alegado en su recurso que se había producido la vulneración a la presunción de inocencia al entender que las pruebas practicadas no permiten considerar probado que los hechos constituyan una maquinación fraudulenta, realizado consciente y voluntariamente.

El Supremo avala que entre los días 29 de julio y 8 de septiembre de 2009, ésta, tras instalarse en su negocio un TPV, realizó a través de la misma "un volumen numeroso de operaciones comerciales, utilizando en este periodo más de 140 números de tarjetas de crédito y con un importe superior a los 645.000 euros".

La otra condenada realizó idéntica operación en la otra agencia de viajes, a través de un cliente J.D., y consiguió de la misma forma descrita abonos a la cuenta de la empresa por valor de 42.000 euros, saldo que dejó en negativo en la citada entidad bancaria.

No obstante, el juez considera que, dando por buena la versión exculpatoria que ambas ofrecieron en el juicio, "es posible que existan terceras personas" que hayan puesto en marcha la idea original de estos hechos, tras hacerse de modo ilícito con tarjetas auténticas con las que se adquirieron los billetes. Sin embargo, entiende que eso "no exculpa la intervención" de ambas, ya que asegura, según toda la documentación aportada, que "actuaron con conocimiento de la fraudulenta utilización de las tarjetas y con la finalidad de obtener un rápido beneficio".

Auto de prisión

Ambas declararon al comienzo de la vista oral y aseguraron su inocencia y que se sienten "las estafadas de esta historia", por lo que la condenada a mayor pena ha interpuesto un recurso al Tribunal Constitucional que aún no se ha pronunciado sobre el mismo, sin embargo la Sección Segunda de la Audiencia ha dictado un auto en el que cita a estas dos mujeres el 31 de marzo para su entrada voluntaria en prisión y les requiere los pagos impuestos.

A su vez, ésta última ha presentado un recurso de súplica ante la Audiencia para aplazar la entrada en prisión, hasta que se pronuncie el Constitucional, y ha elevado al Ministerio de Justicia la solicitud de indulto, junto a 2.500 firmas recogidas por Internet.