La negociación de TAP y sus pilotos está en un punto muerto
Publicada 09/04/15
El Sindicato de los Pilotos de la Aviación Civil (SPAC) ha calificado de "punto muerto insuperable" la negociación con TAP, su filial Portugalia Airlines (PGA) y el Gobierno portugués, por lo que ha convocado para los días 15 y 16 de abril próximos sendas asambleas para evaluar la situación actual. El colectivo de pilotos exige que se reconozca la antigüedad de los trabajadores y se permita una participación de entre un 10% y 20% en el capital de la empresa aérea.
Desde que el pasado mes de diciembre, el Gobierno portugués y nueve de los 12 sindicatos que representan al personal de TAP alcanzaron un acuerdo que, en principio, permitió la desconvocatoria de la huelga de pilotos en la aerolínea portuguesa en contra de su privatización (ver: Huelga en TAP: 120.000 pasajeros afectados y 8 M € diarios en pérdidas y Los sindicatos de TAP desconvocan la huelga).
Los sindicatos firmantes aceptaban la venta de dos tercios de la empresa y aumentaban su participación en la definición de las especificaciones de esta operación. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado ni la creación del grupo de trabajo, cuyas bases habían sido establecidas en dicho acuerdo que fue rechazado por la Unión Crew Nacional de Aviación Civil (Snpvac), la Unión de Trabajadores de la Aviación y Aeropuertos (Sitava) y la Unión Nacional de trabajadores Aviación Civil (Sintac).
SPAC denuncia que TAP ha pretendido "siempre" imponer su voluntad en las negociaciones, mientras que PGA ha rechazado "arbitrariamente" las medidas propuestas en aspectos para reducir la fatiga del colectivo y mejorar la seguridad, informa el medio portugués Público.
Acuerdo en diciembre
Los compradores de TAP disponen además hasta el 15 de mayo para presentar sus ofertas para así cumplir con el calendario previsto, ya que en 2012 Portugal ya aprobó la privatización de la aerolínea y ha previsto un plan de negocios hasta 2016 para la misma.
Además, el nuevo propietario no podrá recurrir al despido colectivo los 30 meses siguientes a la adquisición, según el acuerdo que fijó el Estado con los nueve sindicatos.
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