Competencia apoya la desregulación del sector tradicional

En ese replanteamiento que sugiere Contreras ha de analizarse si la regulación existente cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción competitiva. En este sentido el responsable de la CNMC reconoce que “si la Administración tuviera siempre en cuenta los dos primeros criterios, muchas normativas no saldrían adelante”.

Contreras ha puesto como ejemplo el enfrentamiento entre los taxistas y Uber, apuntando que para que puedan convivir en el mercado “no sólo es necesaria una regulación de ese nuevo tipo de oferta, sino incluso es probable que haya que replantearse la ya existente que pesa sobre la oferta tradicional”.

Amaya Apesteguía, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), también denuncia que en ocasiones “se utiliza la excusa de proteger al consumidor para sobrerregular y desde la OCU no creemos que esté justificado, porque además no estamos recibiendo reclamaciones de los usuarios al respecto”.

La OCU pide que en la regulación se diferencie al particular del profesional, y Fevitur que se les trate como viviendas. Imagen Shutterstock

Apesteguía aboga por que “se garantice una diversidad de oferta para que el usuario pueda elegir”, con una normativa que diferencie al particular del profesional, ya que “los propietarios tienen derecho legítimo a alquilar y rentabilizar su vivienda”. Aunque también admite que “hay falsos particulares que ponen sus casas en alquiler como si lo fueran porque así no tienen que cumplir con las normativas de consumo”. Por ello sugiere que “una vez definidos los roles, la normativa establezca la responsabilidades de cada uno, pero sin barreras desproporcionadas”.

“Somos viviendas”

Por su parte Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), cree que la base de cualquier regulación ha de ser la consideración como viviendas y no como establecimientos turísticos, “cumpliendo con los mismos requisitos que una vivienda; si son válidos para las familias españolas, también lo son para los extranjeros que vienen a visitarnos”.

Zubicaray se ha mostrado de acuerdo con fomentar la calidad de la oferta, “que viene dada por la seguridad jurídica a la inversión”. Por ello ha hecho un repaso a las comunidades que en estos momentos están regulando las viviendas de uso turístico, como Galicia, el País Vasco o Aragón, que acaba de anunciar su normativa. “En Canarias se está redactando una de las mejores, si finalmente sale como está previsto, mientras que en Baleares de momento no hay mucho movimiento, pero vamos a seguir trabajando en ello”.

En Andalucía, por ejemplo, aunque aún está en fase de borrador y paralizado hasta que se nombre un nuevo Gobierno, se incluye un artículo en su opinión “discriminatorio” porque se exige que el propietario sólo disponga de una vivienda turística, lo cual es “una barrera de imposible cumplimiento: un gestor no puede gestionar más de una porque entonces pasa a denominarse apartamento turístico”.

El caso de Madrid

Competencia ha recurrido la regulación de las viviendas turísticas en Madrid, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo, porque, como ha explicado Contreras, perciben “obstáculos para la competencia efectiva; apreciamos cierto tinte de reparto de mercado por la estancia mínima de cinco días” (‘Las viviendas turísticas de Madrid tendrán una estancia mínima de cinco días’), y ven un “probable perjuicio para los consumidores a la hora de elegir alojamiento y un posible incremento de precios ante la reducción de la competencia”.

La viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Carmen González, ha reconocido que la normativa recurrida “no es perfecta, pero tiene más de positivo que de negativo”. Ahora mismo ya hay inscritas 500 viviendas de uso turístico en el registro y “no se ha generado ningún conflicto social porque no hay quejas ni denuncias de vecinos ni de usuarios”.

Tampoco existe, en su opinión, “un conflicto real con los hoteleros porque es una demanda diferente, pero a todos nos interesa que la oferta esté regulada para poder perseguir el fraude y hacer respetar los derechos de los usuarios”. La Administración, concluye, “lo que quiere es una oferta de calidad, sea de hoteles, hostels o viviendas, y luego ya que el turista elija la modalidad de alojamiento”.

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