Quiebra de Spanair: la comisión investigadora descarta responsabilidades políticas

Más de ocho meses después de constituirse y de participar 39 comparecientes desde enero -habían 60 convocatorias-, la Comisión prevé remitir sus conclusiones al pleno del Parlament para que las debata y apruebe "antes de que acabe el periodo de sesiones", ha expuesto el presidente de la comisión, el diputado Matías Alonso.

Quiebra de Spanair: la comisión investigadora descarta responsabilidades políticas

Ha confiado en que "haya servido para dar más luz sobre una empresa en la que se abocó dinero público, y que los ciudadanos hayan podido tener una visión más amplia de lo que ha sucedido" desde que, en 2009, un grupo de empresarios y administraciones públicas catalanas adquirieron la aerolínea, que acabó quebrando en enero de 2012 al no conseguir un socio industrial.

CiU, ERC y PSC han aprobado sus 25 conclusiones, a partir de las que se elaborará el dictamen que irá al pleno, con sus votos a favor y pese a los votos en contra de PP y C's, mientras que ICV-EUiA ha votado en contra de las de CiU y se ha abstenido en las de ERC y PSC.

La participación pública en Spanair fue decidida por el Govern tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), continuó cuando CiU tomó el relevo del Ejecutivo en 2011, y también hubo una aportación significativa del Ayuntamiento de Barcelona con los alcaldes Jordi Hereu (PSC) y Xavier Trias (CiU), de forma que la inyección de dinero público en la aerolínea rondó los 200 millones de euros.

El diputado Antoni Fernández Teixidó (CiU) ha defendido: "Tras las comparecencias de la comisión, no sabemos distinguir ningún tipo de responsabilidad política ni ética", y se ha referido ala aerolínea como "un proyecto justificado para impulsar la economía a través de unas buenas conexiones aéreas internacionales", en el que se consiguieron algunos objetivos y otros no. "Naturalmente que se cometieron errores", ha reconocido, pero ha negado que fuese un proyecto ideológico, como ha considerado la diputada de C's Inés Arrimadas.

Arrimadas ha afirmado que fue una operación política y que supuso tirar el dinero público a la basura al invertir en una aerolínea que se vendió en 2009 por un euro porque estaba quebrada, por lo que el final de la inversión era previsible y evitable, a lo que Teixidó ha respondido que C's "confunde una misión de país con una misión de Govern".

Alícia Romero (PSC) ha defendido que era un proyecto "acertado", y sin responsabilidad ni de un Govern ni del otro porque la obligación de los gobiernos es tomar decisiones, a veces con éxito y otras no.

Jordi Roca (PP) ha constatado que la mayoría de inversión fue pública aunque había accionistas privados, y que toda la operación fue un conjunto de "malas decisiones encadenadas" que ha derivado en un agujero económico de más de 600 millones de euros.

David Companyon (ICV-EUiA) ha admitido autocrítica porque "no se consiguieron los objetivos y resultados esperados", pero se hicieron cosas bien y otras cosas mal, como destinar grandes inversiones a una empresa privada en un contexto de graves recortes en el sector público por la crisis, por lo que debería haber responsabilidades políticas y éticas.

Alba Vergés (ERC) ha argumentado la falta de recomendaciones en esta comisión porque hay "otras vías" de actuación sobre este caso, en el que su partido defiende que era un proyecto que podía ser positivo para la economía catalana y que hubo una inversión pública que quería ser transitoria mientras se encontraba un socio industrial, que finalmente no llegó.

La CUP (grupo mixto), que realizó unas intervenciones muy críticas durante las comparecencias, no ha presentado ninguna conclusión ni ha acudido a las votaciones que han dado por finalizada la Comisión de investigación sobre la quiebra de Spanair este viernes.