Dimite la directora del Patronato de la Alhambra

En una rueda de prensa convocada de urgencia en el Palacio de Carlos V, Villafranca ha explicado que ayer envió una carta a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, para anunciarle su "renuncia voluntaria", tras once año en el cargo, según ha recordado.

A finales de junio, la directora del Patronato de la Alhambra quedó en libertad con cargos tras declarar ante la Policía Nacional por la posible adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías del monumento, que investigaba la Fiscalía de Granada y el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Judicial.

Villafranca ya anunció que dejaría el cargo si un juez decidiera investigarlo. "Es un ejercicio de responsabilidad", ha insistido este martes.

El Ministerio Fiscal ha apuntado a la posible comisión de diversos delitos "de especial trascendencia y gravedad" como la prevaricación administrativa, la malversación de caudales públicos y el blanqueo de capitales.

La denuncia viene por una posible adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías del monumento.

La querella incluye a otros tres altos cargos del Patronato: su secretaria general, Victoria Chamorro; el jefe de la sección Económica y de Contabilidad, José María Visedo, y el interventor, Miguel Gutiérrez. Así como a dos empresarios: el administrador único de la sociedad Stendhal Museum Solutions y el director general de esta entidad concesionaria del servicio investigado.

En 2007, el patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audoguías. El adjudicatario ofreció un canon fijo anual de 77.000 euros más un 47% de la recaudación anual por los alquileres de los dispositivos. En cambio, según recoge El Mundo, una vez resuelta la adjudicación, en el contrato firmado el 4 de octubre de 2007 se modificaron esas cláusulas y dicho el canon se rebajó a 30.000 euros anuales y el variable al 15%.

Siete años más tarde, la investigación realizada por la Agencia Tributaria determinó que el adjudicatario había cometido un posible delito de apropiación indebida de parte de la recaudación y de otro posible delito contable, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía de Granada.