Madrid no impondrá moratoria turística para no ahogar la iniciativa privada

Carmena ha asegurado que no sólo “no va a haber moratoria para el turismo” sino que, “al contrario”, quiere “relanzarlo”, como se desprende del grupo de trabajo ya constituido entre el Ayuntamiento y CEIM. (Ver: '¿Qué espera el sector turístico de las nuevas alcaldesas de Madrid y Barcelona?').

Ha reconocido que no sabe lo que la anterior Corporación hizo en materia de viviendas de uso turístico, pero que “hay que estudiarlo”. Se trata de “buscar que esas explotaciones respondan a un espíritu innovador que se pone en marcha”, ha defendido teniendo claro que “nunca hay que ahogar la iniciativa” pero que hay que encontrarse con la “solidaridad del impuesto” para estar “en igualdad de condiciones que otras personas”.

Ciudad de museo

La alcaldesa también ha mostrado su intención de “hacer una ciudad entera de museo, el turismo no va a estar sólo en la almendra central”, porque “es bueno para todos”. Así, por ejemplo, el Palacio del Capricho será un museo, en pleno barrio de Barajas.

Manuela Carmena reconoce que el error reside en “no vender bien Madrid". (Imagen de archivo).

En su opinión los datos que ofrecen en este momento los informadores turísticos son “pobres”. El error reside en “no vender bien Madrid”. Echa en falta información sobre “cómo hacer amigos en Madrid, el turismo de compras o las casas rurales”, incluso datos de museos esenciales para la ciudad como el del Romanticismo.

Hoteles para situaciones de emergencia social

Por otra parte el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso la prestación de alojamiento temporal para atender “situaciones de emergencia social” que “precisan de una respuesta inmediata y eficaz”.

El contrato, válido para un año, entrará en vigor el próximo 1 de octubre con un presupuesto máximo de 93.261 euros para 140 habitaciones individuales, 350 dobles, 75 triples, 600 desayunos, 100 comidas, 120 cenas y 320 pensiones completas para una, dos y tres personas. Estas plazas en hoteles de 3 y 4 estrellas se destinarán a afectados por incendios, explosiones o derrumbamientos, además de a colectivos en situación de desprotección social o vulnerabilidad.

Las compañías hoteleras interesadas deben acreditar que han alojado y alimentado a grupos de más de 20 personas en los últimos dos años; han de responder a las peticiones en un máximo de media hora, por lo que deben facilitar un número de teléfono operativo las 24 horas de los 365 días del año; y las prestaciones de alojamiento y alimentación han de ser las que la empresa tenga incluidas en su oferta para el público en general.

Como máximo se pagarán 63,8 euros por las habitaciones individuales, 88 por las dobles y 93,5 por las triples, a final de cada mes y sólo cuando se haya tenido que responder a alguna situación de emergencia.