La Comisión Europea no prorrogará las ayudas al pago de las primas por seguros aéreos más allá del 31 de octubre, a la luz de que el régimen especial era consecuencia de las circunstancias nacidas tras los atentados del 11 de septiembre y se ha vuelto a una situación cercana a la de mercado, informó el ministro de Economía danés, Tor Pedersen.
La Comisión Europea no prorrogará las ayudas al pago de las primas por seguros aéreos más allá del 31 de octubre, a la luz de que el régimen especial era consecuencia de las circunstancias nacidas tras los atentados del 11 de septiembre y se ha vuelto a una situación cercana a la de mercado, informó el ministro de Economía danés, Tor Pedersen. Pedersen, que compareció en rueda de prensa en el marco del Ecofin, indicó que los ministros de Economía y Asuntos Monetarios dejaron el dossier en manos del Ejecutivo comunitario, quien en origen tiene la competencia de decidir sobre las ayudas de Estado. De este modo, el comisario del ramo, Pedro Solbes, consideró que los países que quieran seguir ayudando a sus aerolíneas a asumir estos gastos deberán notificarlo a la Comisión como cualquier otra ayuda de Estado. La opción aprobada ayer va en contra de la voluntad del Consejo de Transportes, que la pasada semana se pronunció a favor de una prórroga del régimen especial. Los gobiernos de la UE, al igual que el de Estados Unidos, decidieron tras los atentados asistir a sus compañías para hacer posible que asumieran su responsabilidad civil en caso de daño a terceros ya que las aseguradoras habían dejado de cubrir esta eventualidad, o lo hacían a precios desorbitados, cuando la factura superase los 50 millones de euros. Se da el caso de que ciertos Estados miembros han retirado ya sus regímenes especiales (Luxemburgo, Dinamarca, Suecia) y otros le han puesto fecha límite a finales de septiembre (Irlanda, Grecia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Reino Unido). Al tiempo que se eliminan las medidas excepcionales, la Comisión se ha comprometido a controlar la situación en países terceros como Japón o EE UU, donde persisten medidas de apoyo público que podrían perjudicar comparativamente a las compañías europeas.
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