Todo incluido en España: cinco dilemas si se quiere regular

Pudimos verlo, por ejemplo, en las elecciones de Grecia en enero, donde el partido ganador, Syriza, había anunciado limitar el crecimiento del Todo Incluido prohibiendo conceder nuevas licencias hoteleras ligadas a este modelo comercial, dado el descontento de la oferta complementaria del sector turístico (comerciantes, restauració,..).

Sin embargo, a los pocos días de haber ganado Syriza las elecciones, la nueva viceministra de Turismo, Elena Kountura, relativizó las declaraciones preelectorales de Tsipras, prometiendo que no habrá ninguna acción contra el Todo Incluido.

Es decir, el mensaje populista es desmentido a los pocos días del triunfo electoral en vistas de la repercusión económica que podría tener dicha intervención.

Recordemos que en España también tenemos algunas comunidades, como Canarias y Baleares, que han anunciado una regulación del Todo Incluido y a día de hoy, después de las elecciones, aún mantienen dicha intención. Ver Baleares regulará el todo incluido.

Todas se han limitado a un titular explosivo, pero nadie ha especificado cómo pensaría llevarlo a cabo. La ciudad de Benidorm hace pocos días ha aprobado la creación de una comisión “para estudiar el impacto del todo incluido”, es decir, para estudiar cómo regularlo. Ver Benidorm quiere controlar la oferta de todo incluido.

Veamos cinco dilemas con los que estas comisiones se toparán forzosamente en su tarea de regulación:

1) ¿Prohibición del Todo Incluido?

Desde algunos sectores se reclama a menudo la prohibición total o parcial de esta modalidad, como por ejemplo su erradicación “en un radio de 500 metros de los centros comerciales”.

Al margen de las más que probables incompatibilidades constitucionales (art.38, libertad de empresa), estas propuestas establecen una relación directa y unidireccional entre el Todo Incluido y el declive de la oferta complementaria, es decir, que dan por descontado que de no existir el Todo Incluido los turistas consumirían más en el exterior de su hotel.

Con ello estaríamos olvidando que los altos precios y el deterioro de la oferta exterior han sido precisamente algunos de los factores que han propiciado el auge del Todo Incluido. No está dicho que eliminando al que consideramos el principal culpable de la bajada de consumo, el Todo Incluido, se pueda ‘obligar’ al cliente a consumir la oferta exterior.

2) ¿Limitación del Todo Incluido?

La propuesta preelectoral de Syriza pretendía limitar en Grecia el crecimiento del Todo Incluido y es equiparable a propuestas de alguna asociación de empresarios de la restauración como, por ejemplo, “establecer unos porcentajes reguladores”, es decir, definir unos cupos máximos para el Todo Incluido.

Una medida de este tipo, aparte de ser incontrolable por la Administración, volvería a toparse con la incompatibilidad con la economía de mercado y, por otro lado, no garantizaría que los turistas en un régimen diferente al Todo Incluido puedan ser forzados a consumir la oferta exterior (de hecho, no garantiza ni siquiera que vengan al destino, pues podrían elegir una oferta con Todo Incluido de otro destino).

Por otro lado, de una limitación del Todo Incluido resultaría un auge de regímenes similares, como la “pensión completa plus” (bebidas incluidas en los servicios de comidas): ¿También le pondríamos cupo a la pensión completa?

Y, ya en plena euforia reguladora, ¿por qué no limitamos también la media pensión? ¿O ya limitamos toda la oferta de servicios gastronómicos de los hoteles, poniéndole cupo también al desayuno? Con ello vemos la enorme subjetividad a la que estaría expuesta una regulación de los modelos hoteleros de comercialización.

3) ¿Regulación de los estándares del Todo Incluido?

La propuesta que más se ha escuchado durante los últimos años es la definición de unos “estándares mínimos“.

En una intervención de este tipo los legisladores tendrían que entrar de lleno en la política de producto del empresario (marcas de bebidas; calidades de alimentos; variedad de productos para desayuno, almuerzo, snacks y cena; horarios de servicios; etc.), con lo cual influirían directamente en el precio, precisamente la componente más sensible del cliente objetivo del Todo Incluido, pudiendo quedar el producto comercializado fuera de mercado.

La regulación equivaldría a ‘expropiar’ los derechos al control propio de los principales instrumentos de posicionamiento en el mercado (producto y precio), lo cual no tiene cabida en una economía de libre mercado. Los estándares del Todo Incluido no pueden ser regulados por decreto, pues ya están regulados por el mercado.

4) ¿Regulación de plantillas mínimas hoteleras?

Una variante de la regulación de estándares es la propuesta del establecimiento de plantillas mínimas para los hoteles, algo que incluso han integrado algunos partidos políticos en sus programas.

En un post anterior sobre esta cuestión (ver: ¿Es posible regular por ley el personal de los hoteles?) llegué a la conclusión de que no es técnicamente posible definir por ley las plantillas hoteleras y que interfiere, nuevamente, en la libertad de empresa, además de cuestionar la economía de libre mercado.

5) ¿Regulación del precio del Todo Incluido?

También ha habido propuestas de encarecer artificialmente el Todo Incluido a través de impuestos, como por ejemplo “que estos establecimientos paguen el máximo gravamen en los tributos autonómicos y municipales en compensación y pérdida de empleo” (ver eldiario.es, 22.09.2014).

Esta propuesta tiene el mismo efecto que las dos anteriores (aumentar el precio para dejar de ser competitivo) y, además, es equiparable a una ‘fijación de precios estatal’, algo propio de economías planificadas.

El todo incluido es una fórmula de alojamiento que se ha extendido en España durante los últimos años. Imagen Shutterstock

¿Regular el Todo Incluido es compatible con una economía de mercado?

Vemos con estos ejemplos que básicamente el problema de la regulación se limita a una sola cuestión: ¿Cruzo la frontera de la economía de libre mercado? ¿Entro en el marco de una economía planificada al estilo de la antigua URSS?

El situarse en el contexto de una economía dirigida, aunque sólo sea para una cuestión aislada, conllevaría un sinfín de consecuencias para los demás ámbitos económicos.

Intervenir las plantillas empresariales, por ejemplo, equivale literalmente a una “expropiación de la actividad empresarial”, pues repercute directamente en el precio y en el potencial de comercialización de la empresa.

Esto pondría al orden del día el temor a otros procesos idénticos de depreciación del derecho a la propiedad privada: expropiaciones de segundas viviendas, de segundos automóviles, de cuentas de ahorros que superen una cantidad x…

Y cuando la propiedad privada deja de ser garantizada por el estado de derecho, aumenta la inseguridad jurídica, las inversiones se retraen y no se crea empleo, algo que conocemos muy bien en la comunidad canaria desde el año 2001. Cabe suponer que justamente por ello Grecia rectificó su anuncio de limitar el Todo Incluido sólo dos días después de ganar las elecciones.

¿Seremos en breve, también en España, testigo de la anulación del alegre mensaje populista preelectoral, tal como ocurrió en Grecia?