Resultados electorales y confianza del inversor hotelero, difícil equilibrio

Y es que, recuerda Mikel Echavarren, “tras ocho años de una grave crisis inmobiliaria y financiera, el mercado inmobiliario español ha suscitado en los dos últimos años un extraordinario interés por parte de los fondos de inversión. Dicho interés se ha concretado en 2014 en la adquisición de activos inmobiliarios, deuda hipotecaria y sociedades relacionadas con dicho sector, por más de 23.000 millones de euros. En 2013 dicha cifra se situó en torno a 5.000 millones”.

La entrada masiva de capital para invertir en un sector arrasado por la crisis ha posibilitado, según el CEO de Irea, “el reinicio de la actividad de promoción residencial, la vuelta de la financiación a compradores de viviendas y a promotores inmobiliarios y la fijación de precios a activos y a deuda que eran ilíquidos hasta hace 24 meses. Todo ello ha contribuido sobremanera a mejorar la confianza en nuestro sistema financiero y, por derivada, en nuestra economía”.

Sin embargo, las primeras declaraciones de algunos de los nuevos responsables políticos elegidos en las urnas el pasado 24 de mayo, según explica Echavarren, “han suscitado una enorme preocupación en el mercado de inversión inmobiliario, protagonizado fundamentalmente por el capital internacional”.

Una preocupación provocada por la “inseguridad jurídica” que transmiten, con una “obsesión por no permitir el desarrollo de proyectos hoteleros donde los inversores consideraban viable comprometer importes muy significativos de capital”.

Inversores y promotores se muestran muy preocupados por el aumento de riesgos e incertidumbres políticas en España. Imagen Shutterstock

Y eso que, como recuerda Echavarren, “la intervención de ayuntamientos y comunidades autónomas en el sector inmobiliario y hotelero mediante la limitación de este tipo de proyectos se ha demostrado en el pasado como un elemento distorsionador del mercado que atenta contra la libre competencia”.

No en vano “el establecimiento de moratorias incrementa significativamente el valor de los inmuebles sujetos a dicha limitación que ya se encuentran en explotación. ¿Por qué tenemos los ciudadanos que regalar ese valor a unos y negárselo a otros? ¿En qué beneficia a la ciudad? ¿Por qué no limitar las gasolineras, los quioscos, las farmacias o las tiendas de moda? Puestos a limitar, ¿dónde se encuentra el fin de ese límite?”.

De nuevo, advierte, “las declaraciones realizadas sobre estos aspectos han contribuido a que los inversores comiencen a tachar de sus objetivos a determinados ayuntamientos para aquellos proyectos que requieran gestionar permisos ante los nuevos gobernantes”.

Zancadillas a proyectos viables

En este sentido para Echavarren lo peor es “la capacidad que se anticipa a los poderes municipales y autonómicos para zancadillear proyectos viables por la vía de la ralentización de permisos, licencias y gestiones administrativas”.

Y es que, incide el CEO de Irea, “la cruda realidad es que como país endeudado y quebrado por la crisis reciente, sólo la confianza de los inversores, y especialmente de los inversores internacionales, nos puede ayudar a desapalancar y desatascar las tuberías del sistema financiero español y de un sector inmobiliario embarrancado”.

La pérdida de esa confianza, concluye, “afecta directamente a todos los españoles, a la creación de empleo y a la “exportación” de activos inmobiliarios para los que no ha existido demanda local. Y algunos están haciendo juegos malabares con dicha confianza”.

Ya lo advertía Molas: las políticas turísticas radicales frenarán el crecimiento, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo. De hecho el turismo ha pedido estabilidad a los nuevos gobiernos surgidos del 24M.