Profesionales del sector exigen un pacto para mejorar el empleo y combatir la oferta alegal

Borrego recibió a una delegación de representantes de la Federación de Servicios de CCOO, la Asociación Nacional de Conserjes de Hotel (Las Llaves de oro), la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), la Asociación Española de Gobernantas (ASEGO) y la Asociación de Maîtres Camareros de España (AMYCE), según explicó el sindicato en un comunicado.

Los representantes de las asociaciones denuncian que "la precariedad laboral que hoy vive el sector presiona a la baja sobre la profesionalidad y la propia competitividad del sector".

Sostienen que, pese a las buenas cifras del sector turístico, el empleo "no se recupera al mismo ritmo", por lo que han pedido a la secretaria de Estado de Turismo que refuerce las inspecciones e impulse el desarrollo de esfuerzos específicos en la cualificación de los trabajadores del sector.

Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo.

Consideran que es importante reforzar una actuación inspectora para la detección y corrección en la prestación de los servicios turísticos en clandestinidad y en el cumplimiento de la normativa turística, así como una actuación más preventiva para tratar de regular e incluir en la misma nuevas modalidades existentes en el mercado actual.

Los representantes de estos colectivos han mostrado su preocupación por la economía sumergida. "El intrusismo, la oferta alegal, cuando no directamente ilegal, el empleo sumergido, precario y sin derechos, en su grado más alto, suponen un auténtico lastre para un sector clave para la economía española y para el desarrollo productivo e industria de nuestro país", señalan.

Cabe recordar que hace más de un mes, estas asociaciones suscribieron una "Declaración en apoyo de una industria turística de calidad"

Según el sindicato, Isabel Borrego se ha comprometido a convocar la comisión permanente del Consejo Español de Turismo para tratar alguno de los cambios propuestos en la reunión.

Finalmente, le han solicitado los cambios normativos necesarios para garantizar un desarrollo turístico sostenible, cambios que afectan a la oferta turística y a su grado de sostenibilidad y calidad, al papel de la iniciativa pública y privada, a la inversión en infraestructuras, al uso de las nuevas tecnologías y a la conservación del patrimonio cultural.