33.000 plazas turísticas no regladas o fuera de cualquier tipo de control administrativo. Esta es la conclusión que baraja la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera sobre el tamaño de este tipo de oferta en las Pitiüses. Esta oferta compite en clara ventaja con respecto a la legal, cifrada en 84.915 plazas.
33.000 plazas turísticas no regladas o fuera de cualquier tipo de control administrativo. Esta es la conclusión que baraja la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera sobre el tamaño de este tipo de oferta en las Pitiüses. Esta oferta compite en clara ventaja con respecto a la legal, cifrada en 84.915 plazas. Los datos forman parte del trabajo Una aproximación a la oferta turística no reglada/ilegal de Ibiza y Formentera, elaborado por la entidad y presentado ayer a los miembros de la Mesa de Turismo del Consell Insular. En la cifra también coincide la Conselleria insular de Turismo, según reconoció ayer su titular, Josep Marí Ribas: «Sí, compartimos los números de los hoteleros». La federación, presidida por el empresario Pedro Matutes, ha elaborado un estudio aproximativo cuyos resultados son, a priori, contundentes. En realidad, los hoteleros pitiusos han detectado puntas de población flotante diaria de más de 65.000 personas cuyo destino en las Pitiüses se desconoce totalmente. Haciendo un cálculo aproximado, más de la mitad de estas personas se alojarían en plazas turísticas ilegales o no regladas. «Supondría», aclaró ayer Matutes, «un 40% de la oferta legal». Una cifra que contrasta con las 84.915 plazas turísticas legales que existen en Eivissa y Formentera. «Existe una considerable diferencia entre la capacidad máxima de acogida de la planta turística legal y el incremento poblacional que experimentan las islas de Eivissa y Formentera», constatan en su trabajo los hoteleros que, para la elaboración del estudio, han empleado las cifras de tráfico aéreo correspondientes a 2001 y 2002 y suministradas por AENA. «La oferta ilegal», añadió ayer Matutes tras dar a conocer el estudio en la Mesa de Turismo, «se da sobre todo en julio y agosto. Es cuando se dice que las infraestructuras se sobrecargan, pero es precisamente a causa de esta oferta ilegal». La federación sostiene que de estas puntas de más de 65.000 personas, la mitad tiene explicación: niños que se alojan en las mismas habitaciones que sus padres; trabajadores de temporada (en este caso, las puntas se dan sobre todo en los meses iniciales y finales de la temporada turística); fenómeno inmigratorio; segundas residencias y personas que se alojan en casas de amigos sin contraprestación económica. El resto respondería al perfil de turista que llega a Eivissa o Formentera para alojarse en una plaza con todos los servicios pero fuera de la legalidad. «Oferta ilegal/no reglada en la que se ofrece alojamiento a cambio de precio», tal y como lo define la Federación Empresarial Hotelera en su trabajo. Estas plazas, según añadió Matutes, se comercializan fundamentalmente a través de internet. La cantidad de plazas turísticas fuera de la legalidad denunciadas por los hoteleros ayer se incrementaría notablemente si se hubieran incluido los datos correspondientes a entradas y salidas de los puertos de Sant Antoni, Eivissa y La Savina. Los datos de tráfico marítimo de estos puertos son uno de los elementos que permitirán la continuidad del estudio, según figura en el mismo. Otro dato podría variar al alza las cifras ofrecidas por los hoteleros: «Si tomásemos como referencia las cifras de ocupación reales [...] obtendríamos una cifra mayor», apuntan en el estudio. La ocupación ilegal, finalmente y según concluyen los autores del trabajo, «es un fenómeno fuertemente estacional, alcanzando los máximos en los meses de julio y especialmente agosto, y disminuyendo luego rápidamente». Ante la evidencia, el presidente de la entidad lanzó ayer un claro mensaje a la Conselleria insular de Turismo. «Este es un problema serio contra el que hay que actuar», afirmó Pedro Matutes, «hay que luchar contra ello porque permitirá solucionar problemas como el acceso a la vivienda en alquiler». (G.R., diario El Mundo-El Día de Baleares, 15/10/02)
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