BlaBlaCar se reivindica como red social y limita a un 0,3% su impacto sobre el autobús

La plataforma ha argumentado que su actividad es desarrollada como una red social en el marco del consumo colaborativo, en la que sus usuarios intercambian información sobre sus viajes y preferencias, que sólo gestiona dicha información, pero que "no tiene incidencia alguna sobre los viajes".

Asimismo, BlaBlaCar, también demandada por competencia desleal, asegura que, según los informes encargados a expertos que ha presentado ante el juez, el posible impacto del coche compartido sobre el sector del autobús en España es "marginal", inferior al 0,3%.

BlaBlaCar se reivindica como red social y limita a un 0,3% el impacto en el autobús

Por su parte, la P2P reconoce que cobra a quienes se registran en su web para compartir gastos de viaje una tasa en concepto de "gastos de gestión", destinada a "mantener la plataforma". La tasa tiene un importe fijo de 0,79 euros y otro variable, y en conjunto supone entre un 10% y un 20% del importe que pide el conductor de vehículo a sus potenciales acompañantes.

No obstante, garantiza que "el ánimo de lucro no tiene cabida en BlaBlaCar", ya que el servicio está concebido para que el conductor que ofrece compartir gastos de viaje pueda llegar a cubrir los mismos, pero nunca lograr un beneficio. Agregan que su web cuenta con "múltiples mecanismos de prevención, control y bloqueo" para impedir el lucro de sus usuarios, para los que supondría la expulsión que en caso de detectarse.

En esta línea, BlaBlaCar ha presentado al juez un estudio encargado a la firma Roland Berger que indica que en el último año tan sólo 11 usuarios del total de 2,5 millones que actualmente suma la red lograron cubrir el 100% de los gastos del viaje al compartirlo con un tercero a través de la plataforma, y que el 98% no cubren ni la mitad de los mismos.

En su exposición ante el juez, la red rechazó asimismo ser causante de la caída de la demanda del transporte en autobús, la cual, según apuntó, comenzó antes de la llegada de BlaBlaCar a España en 2010, y que Confebús la ha "atribuido públicamente y en numerosas ocasiones" a causas como son la crisis y la competencia de otros modos de transporte, como el AVE.

Sólo en España

Además, BlaBlaCar asegura cumplir "escrupulosamente" la legislación que la ampara y que, por considerarse una red social, es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

Por otra parte, ha confesado afrontar con "preocupación" este proceso que consideran de "absoluta excepcionalidad", dado que España es el único país de entre los 19 en los que está presente la firma en el que se enfrentan a una denuncia de este tipo. De hecho, asegura que ha sido "fomentada y respaldada" en otros países como Francia y Alemania, donde compartir coche está mucho más extendido, y donde se reconoce su contribución a la cohesión y a la eficiencia energética.

Intermediación sin licencia

En su demanda, la patronal de empresas de transporte de viajeros en autobús denuncia que la plataforma realiza labores de intermediación en contratación de transporte sin tener la correspondiente autorización para ello, dado que cobra una tasa de gestión a los usuarios, gestiona los pagos entre el conductor y los acompañantes, y emite un recibo o justificante final al dueño del vehículo.. La patronal se basa en la tasa de gestión que cobra a quienes utilizan su web para compartir viaje.

En cuanto al impacto de la actividad impulsada por estas plataformas, Confebús calcula que la oferta de viajes que publica la web de BlaBlacar llega a suponer una media del 20% de la oferta de los servicios de autobuses en algunas de las principales rutas, como son las que unen Madrid con Valencia o Alicante, un porcentaje que se eleva hasta el 44% en fines de semana o fechas de alta demanda de movilidad.

Por otra parte, la patronal de autobuses afirmó no tener nada en contra del coche compartido ni en contra de BlaBlaCar, al indicar que sólo denuncian la prestación de un servicio sin acogerse "a las mismas reglas del juego" del resto de operadores que, por tratarse de un servicio de transporte, son las establecidas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).

Una vez escuchadas a ambas partes, durante la vista de este jueves que se prolongó por más de tres horas, el juez decidirá sobre dicha suspensión cautelar en las próximas semanas.