Los hoteleros de Mallorca demandarán a los controladores por el daño causado a la imagen de Baleres

La presidenta de la FEHM, Marilén Pol, ha indicado que todavía no han decidido si se personarán en las diligencias como acusación conjunta con el Ministerio Fiscal. No obstante, ha adelantado, es probable que otras patronales también se personen en este proceso a raíz de los perjuicios que el cierre del espacio aéreo provocó en diferentes sectores de la economía balear.

Pol ha subrayado que esta personación, más que por las pérdidas económicas que supuso para los hoteleros esta huelga encubierta de los controladores, se debe al "deterioro y daño" que esa situación provocó en la "imagen" de España y de la comunidad.

12% de la planta hotelera abierta

No obstante, ha indicado que durante las fechas en las que se produjo el cierre del espacio aéreo, Mallorca únicamente contaba con un 12% de la planta hotelera abierta y que, pese a eso, se produjeron cancelaciones en "prácticamente todas las llegadas". Asimismo, también hubo muchos clientes que no pudieron volar y salir de la isla.

Esta medida por parte de los hoteleros mallorquines tendrá lugar después de que los de Barcelona anunciasen esta misma semana que han presentado una demanda por la vía penal a los controladores por unas pérdidas económicas que cifran en unos 500.000 euros y unas cancelaciones de reservas del 12 por ciento.

Cabe recordar que las declaraciones de los cerca de 80 controladores de Baleares finalizaron el pasado mes, después de que muchos de ellos tuviesen que hacerlo en calidad de testigos, por lo que no se pudieron acoger a su derecho de no declarar como habían hecho los que acudieron como imputados.

Tras las deposiciones, la Guardia Civil remitió al Ministerio Público un informe con los datos recabados para, posteriormente, analizar la gravedad de los hechos imputados y continuar o no con las diligencias.

La Fiscalía incoó diligencias de investigación penal con el objetivo de averiguar si las bajas masivas registradas en los aeropuertos de Palma, Mahón e Ibiza fueron constitutivas de un delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

En el caso de que se demuestre la comisión de un delito de sedición, éste podría comportar, en su modalidad más grave, penas de hasta seis años de prisión.