Los controladores achacan a su "incapacidad psicofísica" el abandono de sus puestos en diciembre

Así lo han puesto de manifiesto durante su declaración ante el magistrado y varios de los letrados personados en estas investigaciones, dirigidas a averiguar si los controladores incurrieron en un presunto delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

En su comparecencia, los tres encausados -dos controladores de base y un delegado sindical- han alegado que debido a su "incapacidad psicofísica" se dieron cuenta de que no podían desarrollar su labor en condiciones normales. En este sentido, han aseverado que el estado de "nerviosismo" en el que se encontraban ese día se debía al decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modificaban sus condiciones laborales, lo que les llevó a presentar su baja.

Sufrieron crisis de ansiedad

De hecho, uno de ellos ha asegurado que empezó a encontrarse "mal" y que sufrió una "crisis de ansiedad importante". "Fui a la sala anexa para calmarme y después acudí al médico", ha relatado Raúl C., quien ha explicado que el sanitario le explicó que su cuadro era "compatible con ansiedad, indigestión y náuseas". El imputado ha presentado ante el juez una declaración jurada que acredita su estado de salud en aquellos momentos, si bien el médico finalmente no se la confirmó.

Mientras, otra controladora que ha sido interrogada, Blanca Cristina de U., ha manifestado que cuando se produjeron los hechos no trabajaba aunque sí acudió al aeropuerto "destrozada" para apoyar a sus compañeros en la asamblea de trabajadores que se celebró ese mismo día con motivo de la aprobación del decreto y de la que, según ha precisado, no se sirvieron para convocar huelga alguna. "No planteamos en ningún momento medidas de presión, el sindicato nos pidió calma".

Se niegan a responder a las acusaciones particulares

En este mismo sentido ha declarado Guillemo H., quien al igual que sus compañeros se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ejercidas por el abogado Luis Vericat (socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo) en representación de los 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo, y por Llorenç Salvà en nombre de la Federación Hotelera de Mallorca. Mientras, los dos controladores de base han sido asistidos por el letrado José Zaforteza, y el representante sindical por Francisco Maroto.

Cabe recordar que prácticamente la mitad de los controladores de Baleares que ya acudieron a declarar ante la Policía Judicial de la Guardia Civil no se pudieron acoger a su derecho a no declarar, puesto que en el momento de la comparecencia su citación procesal se modificó, pasando de estar imputados a testigos.

Por otro lado, las aerolíneas españolas reclaman un total de 116 millones de euros a AENA por las pérdidas ocasionadas al sector tras meses de conflictividad laboral con los controladores aéreos, desde mayo a diciembre de 2010, incluido en 'plante' del colectivo en pleno puente de la Constitución.