Aragón recupera el impuesto del cable para las estaciones de esquí

El Gobierno de Aragón, compuesto por una coalición PSOE-CHA y presidido por el socialista Francisco Javier Lambán, ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas para el Mantenimiento de los Servicios Públicos, que incluye nuevos impuestos y modificaciones tributarias y que entrará en vigor el próximo día 1 de enero. Entre ellos, establece el gravamen de transporte por cable, que tendrá una especial incidencia en las estaciones de esquí.

Se calcula que este tributo generará una recaudación de 1,5 millones de euros. Cada una de las estaciones tendrían que pagar unos 300.000 euros anuales.

La dirección y los trabajadores de la estación de Astún rechazan la medida.

El impuesto se estableció en 2006 por parte del Gobierno socialista de Marcelino Iglesias y fue derogada por la expresidenta autonómica Luisa Fernanda Rudí en 2012. Ahora Lambán ha decidido recuperarlo con la justificación de que las empresas deben hacer frente a un coste por emplear tendidos de cable que perjudican el medio ambiente, la flora y la fauna y modifican el paisaje.

Protestas

Empresarios y estaciones rechazan la medida. Por el momento, la estación de Astún ha sido la primera en pronunciarse. La dirección y los trabajadores han emitido un comunicado conjunto en el que advierten que dicho tributo restará competitividad al sector de la nieve en Aragón e incidirá negativamente sobre la economía de los valles.

Consideran que se tratra de un impuesto "injusto" que obligará a las estaciones a subir precios y, en consecuencia, se producirá una pérdida de competitividad y de clientes y repercutirá de forma "grave" en los negocios y empresas y provocará la destrucción de empleo. Añaden que el tributo se reestablece en un momento en que esta actividad sufre "con gran agudeza" los efectos de la crisis.

"Entendemos que el sector de la nieve en Aragón no tiene capacidad económica para soportar este impuesto y que por lo tanto es injusta su implantación al exigir ingentes esfuerzos tributarios a quien no están obteniendo beneficios de su actividad y que, por lo tanto, no están en situación de poder pagarlo".

Recuerdan que en los años en que el gravamen estuvo implantado en esta comunidad autónoma no se resolvió ningún supuesto daño medioambiental ni supuso ventaja alguna en relación a la preservación y protección del entorno natural.