Los tres desafíos de la política turística española hasta 2020

La legislatura 2011-2015 que acaba de finalizar ha estado marcada por varias iniciativas políticas dirigidas al turismo que las asociaciones empresariales consideran como positivas.

Por ejemplo, se ha dado entrada al sector privado en Turespaña, ha sido aprobada una nueva Ley de Costas, se ha mejorado la legislación anterior sobre propiedad intelectual (lo que ha puesto fin a innumerables litigios entre hoteleros y entidades de gestión de derechos) y los visados turísticos también han recibido un impulso.

En cambio, han generado malestar sectorial otras medidas como el incremento de las tasas aeroportuarias, la subida del IVA o la promulgación de una nueva Ley de Alquiler, que ha creado un vacío legal al dejar fuera la vivienda turística.

La nueva legislatura 2016-2020 planteará nuevos desafíos en política turística al futuro Gobierno español, entre los que destacarán tres: fiscalidad, economía compartida y empleo.

Impuestos al turismo

Y es que el crecimiento del sector turístico a nivel global no ha pasado desapercibido a muchos gobiernos, que han visto en esta actividad una fuente donde recaudar más ingresos a través de impuestos y tasas. España no ha sido una excepción.

Cabe recordar que el IVA aplicado a la hostelería y los transportes en España era del 7%. El Gobierno Zapatero lo pasó al 8% y aunque Mariano Rajoy prometió que lo rebajaría al 4%, a los pocos meses de entrar a gobernar (en septiembre de 2012), lo elevó al 10%.

El sector turístico español sostiene que estos incrementos del IVA le han hecho perder competitividad frente a otros destinos, aunque este efecto ha podido ser contrarrestado por factores externos.

Por ejemplo, los problemas que han afectado a otros países desde la Primavera Árabe de 2011, la buena marca del mercado británico (el mercado emisor número 1 para España) o la caída del precio del petróleo.

El turismo también ha sido exprimido a través del aumento de las tasas aéreas en los últimos cinco años.

En 2012, el incremento llegó a ser del 50% en los principales aeropuertos, lo que provocó un gran enfado a las aerolíneas, encareció los billetes aéreos y restó competitividad a muchos de destinos españoles.

En julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ordenó una reducción de las tarifas del 1,9% para 2016, mientras Aena propone una congelación.

Por otra parte, los impuestos por pernoctaciones son ya una realidad en Cataluña y pronto lo serán en Baleares y seguramente también en la Comunidad Valenciana. Al estar transferidas las competencias en materia de turismo a las comunidades autónomas, es posible que otros destinos vayan sumándose a esta tendencia.

En cualquier caso, el incremento de tasas aéreas y del IVA turístico así como la creación de nuevos tributos que se cobran directamente al viajero pueden transmitir la imagen poco simpática de una España ansiosa por exprimir a sus visitantes.

Para el Gobierno español que surja de las urnas el próximo 20 de diciembre, será todo un reto contrarrestar (vía promoción turística, mejora de infraestructuras y de servicios, etc) esa percepción.

Empleo de baja calidad

El segundo gran reto del Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre, por lo que se refiere a la política turística, tiene que ver con las personas que trabajan atendiendo personas.

En este sentido, y a pesar de que el turismo ha logrado generar empleo durante los años más duros de la crisis, cada vez se escuchan más voces reclamando puestos de trabajo de mayor calidad pues en ello va la propia calidad de la oferta turística española.

De hecho, las asociaciones de cocineros y reposteros, maîtres y camareros de España, gobernantas, conserjes de hotel así como la Federación de Servicios de CCOO han suscrito este año una “Declaración en apoyo de una industria turística de calidad”.

En el citado documento, exponen que la precariedad laboral se ha extendido desde 2008 y debido a ello se ha perdido profesionalidad en el sector, lo que ha repercutido negativamente en la calidad de la oferta “además de suponer una brutal competencia desleal” para aquellas empresas que apuestan por la oferta reglada y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales.

Además, destacan las entidades, “la economía sumergida está teniendo efectos muy negativos sobre el sector. El intrusismo, la oferta alegal, cuando no directamente ilegal, el empleo sumergido, precario y sin derechos, en su grado más alto, suponen un auténtico lastre para un sector clave para la economía española”.

Además, según subrayan las organizaciones firmantes, durante esta última legislatura se ha procedido a una “desregulación normativa” en materia de contratos laborales, negociación colectiva, subcontratas, etc.

Y al mismo tiempo se ha disparado la ilegalidad en el funcionamiento de los contratos a tiempo parcial, incrementándose las horas trabajadas y no declaradas. También exponen que la desregulación de la negociación colectiva está propiciando la aparición de convenios de las denominadas empresas de multiservicios, “con altos niveles de desregulación y con costes laborales muy bajos”.

Según concluye las citadas asociaciones, “tanto la calidad de la oferta como la calidad del empleo son el valor añadido necesario para el desarrollo de una industria turística sostenible y de calidad”.

Una imagen del Consejo de Ministros del pasado mes de agosto.

Economía compartida

Un país que en 2015 ha sido capaz de atraer casi 70 millones de turistas extranjeros es un excelente campo de pruebas para las nuevas empresas intermediarias que operan bajo el paraguas de la economía compartida.

De hecho, estas webs que ponen en contacto a particulares (“peer to peer”, de igual a igual) que compran y venden servicios turísticos están registrando un crecimiento vertiginoso en España.

De ahí que las asociaciones empresariales reclamen un mayor control de estas actividades.

En este sentido, Exceltur pide “un nuevo marco legal para ordenar el desbordante fenómeno de los servicios turísticos comercializados por plataformas P2P, cuya competencia, hoy por hoy desleal, induce a la economía sumergida y está afectando a numerosas actividades (alojamiento en pisos, transporte, restauración, etc.) y generando creciente externalidades negativas entre la ciudadanía de ciertos destinos turísticos líderes”.

Por su parte, la patronal hotelera CEHAT recuerda que mientras para abrir un establecimiento reglado “se tienen que cumplir 400 normas” la comercialización de viviendas de uso turístico está sujeta a una normativa mucho más laxa. Además, los hoteleros denuncian que buena parte de la economía compartida es economía sumergida.

Según Joan Molas, presidente de CHEAT, “no podemos pretender que la legislación sobre un piso turístico tenga que cumplir las mismas normas que un hotel, pero al menos deben existir una serie de requisitos porque esto afecta mucho a la imagen del destino”.

Un sector estratégico para la economía española

Cabe recordar que en los años más duros de la crisis que comenzó en 2008, el sector turístico español fue clave para la recuperación, pero preocupa la caída del gasto medio por visitante.

La aportación del sector turístico a la economía española se cifra hoy en 124.000 millones de euros y 2,4 millones de empleos, “lo que supone 11.200 millones de euros y 140.000 empleos más que en 2011, situándose sus principales indicadores en las cotas máximas de la última década”, según apunta Exceltur.

No obstante, el Banco de España advierte que el aumento del número de turistas registrado en 2014 “no se trasladó en la misma medida a los ingresos, ya que el gasto medio por turista disminuyó”.

Cabe recordar que los ingresos por turismo extranjero ascendieron el año pasado a 48.928 millones de euros (+3,9%) mientras España recibió 65 millones de turistas extranjeros (+7,1%).

Tema de portada

En definitiva, las elecciones del 20 de diciembre cerrarán un año que la industria turística reconoce como el mejor de su historia, en parte debido a factores externos. ¿Pero cómo se resolverán los grandes desafíos por delante?

HOSTELTUR ha requerido a los partidos políticos para que expusieran sus propuestas y las ha contrastado con la opinión de expertos independientes. Ver PP, PSOE, C's y Podemos, ¿a favor o en contra del turismo?

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