Castilla y León se propone acabar con el intrusismo y la economía sumergida en el sector

Según explicó el director general de Turismo, Javier Ramírez, que presentó ayer el programa, se pretende eliminar la actividad clandestina, persiguiendo el intrusismo y la competencia desleal o garantizar los derechos de los turistas, entre otros objetivos.

Se plantea así la elaboración de un Plan de Inspección, la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos, la puesta en marcha de un programa de formación en materia turística, información y asesoramiento por la Administración, así como el desarrollo normativo de la Ley de Turismo de Castilla y León y la regulación de un registro de infractores.

Javier Ramírez, director general de Turismo de Castillal y León.

Para la consecución de dichos objetivos se emplearán instrumentos que se desarrollarán de acuerdo con una planificación temporal que abarca los años 2016 y 2017 y puede ser prorrogada.

Con la colaboración de los consistorios se pretende que el control de la legalidad sea más eficaz y más efectivo, teniendo en cuenta las facultades y prerrogativas que tiene la policía local.

La información y el asesoramiento previo a todas las empresas turísticas e interesados sobre materia turística permitirá, en colaboración con las asociaciones representativas de los sectores afectados, divulgar la normativa para evitar situaciones de incumplimiento por el desconocimiento de la norma. Se pretende así mantener unos estándares adecuados de calidad turística tanto en las instalaciones como en la prestación de servicios.

Además, se continúa avanzando en el desarrollo normativo para adecuarlo a las nuevas necesidades y al marco normativo vigente, por entender que la regulación es un instrumento fundamental del control de la actividad clandestina.

Destaca la aprobación de un decreto de febrero por el que se regulan los alojamientos en la modalidad de apartamento turístico, o el más reciente, de octubre, por el que se regulan los establecimientos hoteleros en la Comunidad de Castilla y León, que se unen a la regulación de los alojamientos de turismo rural aprobada por en 2013.