Sol Meliá alerta de inseguridad jurídica en el pleito por su hotel en Perú

Álvaro Tejeda, vicepresidente senior para las Américas de la cadena, aseguró además que la cadena considera Perú como un país estratégico donde tiene prevista su expansión con dos hoteles más en la capital a corto plazo, expansión que podría verse afectada por un litigio con un socio peruano por la propiedad de las acciones de la corporación que fue constituida para levantar el hotel.

La empresa alega que una cuestión que debía haberse dirimido en un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio (como quedó establecido en el primer acuerdo de la cadena con su socio peruano Pablo Hugo Torres en el año 1998) haya terminado en las instancias judiciales debido a los recursos interpuestos por Torres contra el fallo arbitral.

Por su parte, fuentes del tribunal de arbitraje de esa misma cámara señalaron a Efe que "menos del 0,5% de los casos vistos por este centro" han sido recurridos a la justicia ordinaria, aunque evitaron hacer otros comentarios sobre lo fundado o no de la impugnación.

Tejeda consideró que "el Poder Judicial no ha respetado el arbitraje y por tanto ha vulnerado principios constitucionales", según explicó a Efe en una visita en Lima en la que ha querido airear el caso "por la inseguridad jurídica que representa para los inversores".

El hotel Meliá Lima, de 5 estrellas y con 180 habitaciones, que da empleo a 152 trabajadores, comenzó sus operaciones en el año 2000, y casi de inmediato la cadena entró en conflicto con Torres, que era propietario del terreno donde se asienta el establecimiento.

Las partes llevaron el caso al tribunal de arbitraje, que en 2002 pronunció su fallo, el cual fue recurrido por Torres ante el Poder Judicial, que anuló el laudo arbitral, yendo entonces el caso a distintas instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Constitucional.

En junio de 2010, el Tribunal Constitucional resolvió remitir el caso a la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima para que se pronuncie "sobre el fondo del asunto", y es esto lo que según Tejeda es "inconstitucional" porque "compromete a las instituciones de arbitraje".

"Las autoridades locales deben entender que esto no es justo: vinimos con buena fe y no es posible que cambien las reglas de juego", dijo Tejeda, quien añadió que "nunca" su empresa, presente en 27 países, se había encontrado en un caso semejante.

Según el directivo, el conflicto y sus consecuencias legales no ha afectado a la operatividad inmediata del hotel (este año esperan alrededor de un 70% de ocupación, como el pasado), pero sí "crea un ambiente de inseguridad en los puestos de trabajo" y ha congelado proyectos que el hotel tenía, como la ampliación de habitaciones y la construcción de un centro de convenciones.

Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a Efe que han intentado mediar en el caso ante las autoridades, no específicamente para favorecer a la cadena, sino para hacer que se respeten las instituciones de arbitraje por lo que ello supone de seguridad jurídica para los inversores.