El consorcio del nuevo Aeropuerto de Murcia impugna la rescisión del contrato

En el escrito, el grupo de compañías solicita "la nulidad de la rescisión" del contrato y medidas cautelares consistentes en "paralizar el proceso en curso". El consorcio está integrado por Sacyr, el grupo Fuertes, Montisa, Inocsa, Cementos La Cruz, la antigua Caja Murcia y Sabadell-CAM.

Este grupo de empresas se adjudicó en julio de 2007 el contrato de construcción y explotación del aeropuerto de Murcia. No obstante, el Gobierno regional decidió rescindir el pasado 13 de septiembre el contrato alegando su interés en poner el aeródromo en marcha cuanto antes.

El consorcio del nuevo Aeropuerto de Murcia impugna la rescisión del contrato

Ante esta decisión, la sociedad concesionaria del aeródromo solicitó el preconcurso de acreedores para renegociar la deuda de 200 millones de euros que soporta y avanzó medidas legales que ha materializado este jueves con la presentación del recurso contra la retirada del contrato.

Indefensión jurídica

En el recurso, de 41 páginas, el consorcio argumenta "indefensión", ya que durante la tramitación se les ha "ocultado documentos decisivos". También apuntan a que ha habido "precipitación en la actuación de la Administración" que, sin dar oportunidad de alegar a la empresa, "se ha inventado una causa de rescisión como es el abandono de la concesión, ignorando así la carta que Aeromur envió el 12 de septiembre en la que se comprometía a abrir el aeropuerto en abril de 2014", indican Sacyr y sus socios en el recurso.

Asimismo, alegan que la concesión del aeropuerto en los términos iniciales "es inviable como así reconoce Aena en su informe de 26 de noviembre de 2012, los bancos financiadores cuando solicitan más garantías a la Comunidad de Murcia e incluso el Gobierno regional con sus actos -la prestación del aval y el protocolo para el cierre de San Javier-".

El consorcio también ha argumentado que había un "plan preconcebido" para sustituir a los actuales adjudicatarios. "Esto conlleva un claro perjuicio para el interés general y el de los ciudadanos, porque los 200 millones de euros del aval dado por la Comunidad se convertirán en deuda regional", apunta Aeromur.

Puntualizan que "se quiere adjudicar un nuevo contrato con mejores condiciones para el futuro adjudicatario, lo que contraviene las leyes de la Competencia y puede suponer ayudas de estado prohibidas por la Unión Europea".