¿El viajero que reserva por Airbnb pierde derechos como consumidor?

¿Hablaría usted de la nueva economía del turismo?

Más que de una nueva economía, yo hablaría de la evolución del sector. Pero ya me gusta que se hable de economía y vincularla al turismo.

¿Por qué?

Porque supone un reconocimiento explícito de que el turismo tiene un papel importante en la nueva economía, en términos generales. Ese reconocimiento antes no existía.

¿A qué atribuye ese mayor reconocimiento?

Al hecho de que ha habido una crisis y la recesión económica ha puesto en valor un sector diferente a otros, que en cambio parecían muy resistentes y no la han podido aguantar.

Es cierto, ahora se habla más del turismo en las páginas de economía de los diarios...

En cambio, antes el turismo estaba en las páginas de Sociedad. Y ahora ves foros económicos donde el turismo tiene paneles destacados, pues ha ganado un gran protagonismo en la economía del siglo XXI, con muchos puntos en el PIB de numerosas regiones.

En todo caso, el turismo es un sector en permanente desarrollo y se ha ido adaptando cada vez más a la demanda porque en los últimos 10 años el protagonista ya no es el destino sino que es el cliente.

En todo caso el turismo como actividad económica cada vez atrae más a nuevos operadores, entre ellos los vinculados con la economía compartida. ¿Qué retos plantea la irrupción de estos nuevos intermediarios?

A esas compañías no se les pasa por alto el hecho de que el turismo es uno de los sectores con unas perspectivas de crecimiento más sostenidas para los próximos años. Por tanto, este es un sector atractivo para estas empresas, las cuales operan con una astucia importante

¿A qué se refiere?

Al operar a través de las nuevas tecnologías estas empresas son conscientes de que hay una cierta ambigüedad jurídica. Ellas sostienen que sólo están sometidas a la normativa de sociedades de la información, mientras que nosotros -como administración- les decimos que también les afecta la normativa que incide en su ámbito de actividad, sea alojamiento, transporte, etc.

¿Son escurridizas las plataformas P2P?

Aprovechan los vacíos legales y además lanzan un mensaje muy social, porque es una manera de enfrentar a la propia administración pública -que tiene que poner orden- con aquellos que supuestamente se están beneficiando. Cuando quien realmente se está beneficiando es el accionista de esas compañías, que está multiplicando por 10 el valor de sus acciones.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Veamos lo que ha pasado en las últimas décadas: la Comisión Europea ha generado un montón de normativas, una tras otra, se ha pasado el siglo XX legislando. Resultado: para poder abrir cualquier establecimiento turístico, una línea de transportes, etc, estás sometido a toda una serie de normativas sobre protección de datos, sanidad, medio ambiente, etc. Y toda esta normativa ha tenido una sola finalidad que es la debida protección del consumidor.

Pero toda esa cascada normativa ha tenido efectos colaterales ¿no?

No nos engañemos: toda esta legislación se traduce en unas cargas administrativas para aquellos que las tienen que cumplir y esas cargas significan un coste. Ahora aparecen todas esas nuevas plataformas y la Comisión Europea no sabe bien lo que tiene que hacer... Bruselas intuye que si aplica todas las normativas a los nuevos actores, éstos dejarán de ser competitivos. Pero entonces se produce un agravio comparativo.

¿Y qué pasa con el consumidor?

¿Acaso es diferente el consumidor que contrata un hotel respecto al usuario que reserva una vivienda a través de Airbnb? ¿Esa persona tiene mermados sus derechos? ¿Hay categorías de consumidores? Todos son iguales. Por tanto, algún requisito tendrán que cumplir los nuevos operadores en temas de seguridad, sanidad, etc.

En cualquier caso, todo esto está generando una presión tremenda en el mercado hacia la Comisión Europea ¿Como desdecirse de todo sobre lo que ha estado legislando durante las últimas décadas? Porque frente a normativas muy exigentes tenemos ahora nuevos actores que están entrando y en estos momentos no están obligados a cumplir nada.

¿Cree entonces que la clave de la rentabilidad futura para las empresas turísticas será la nivelación de requisitos entre los nuevos operadores y los tradicionales?

Totalmente, pero ya no es un tema de rentabilidad, es un tema de justicia. Las administraciones tenemos que garantizar que aquellos que compiten en el mercado lo hagan con las mismas reglas de juego. Es que si no, fomentaríamos actividades de competencia desleal.

Marián Muro, directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña.

Moviéndonos a otro ámbito: ¿en la gestión de los destinos turísticos cree que ha habido sincronización entre los intereses del sector público y del sector privado?

Yo en mi trabajo intento que haya una absoluta alineación entre el sector privado y la política turística de la Generalitat. No lo concibo de otra manera. Por ejemplo, cuando estás haciendo un plan estratégico y un plan de marketing de Cataluña, esto se hizo absolutamente con el consenso del sector privado. Yo no puedo entender fomentar unos destinos sin que esté el sector privado, que al final es el que se juega su dinero.

Es cierto que hay momentos en que se puede producir una cierta discrepancia en las políticas turísticas. Sin ir más lejos, nosotros las hemos tenido con el tema de la regulación de las viviendas de uso turístico y hemos tenido que hacer ver a otros actores que para el destino era más conveniente tener empresas legales que ilegales.

¿Y qué hacer cuando se producen casos más extremos, por ejemplo algunas iniciativas privadas que pueden llegar a perjudicar la imagen de un destino?

La administración puede controlar la actividad, inspeccionar, etc, pero aquí no se puede inhibir el sector privado. Si hay empresas que realmente están denostando la imagen de un destino, que las saquen de las patronales por ejemplo. Si todos fuéramos capaces de marginar, entre comillas, a aquellos que hacen prácticas que atentan o van en contra de los intereses generales del destino otro gallo cantaría. Por eso digo que la corresponsabilidad público-privada tiene que ser asumida en todos los ámbitos.