Control aéreo en EEUU, casi en alerta amarilla por el cierre del Gobierno
Publicada 11/10/13
El control del tráfico aéreo en Estados Unidos está cerca de declararse en alerta amarilla debido al impacto del cierre (shutdown) del Gobierno estadounidense en la navegación aérea; según ha informado la Asociación Nacional de Controladores del Tráfico Aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés).
La situación se está produciendo debido a que los responsables de mantener el funcionamiento de radades y otros equipos del sistema de navegación aérea se han visto obligados a tomar licencias (autorización para faltar al trabajo temporalmente) sin sueldo debido al cierre del Gobierno.
"La seguridad no se ha deteriorado, pero estaríamos llegando al amarillo", ha afirmado el presidente de la NATCA, Paul Rinaldi, precisando que este nivel de alerta indica cautela, en una entrevista concedida a Reuters.
No obstante, una falla podría afectar a las grandes operadoras de EEUU: United Airlines, Delta, American Airlines, US Airways, Southwest Airlines, entre otras.
No obstante, el dirigente sindical ha advertido de que, aunque de momento la seguridad no está en riesgo, "el impacto llegará si se continúa sin todos los recursos. Y no estamos haciendo funciones de mantenimiento", ha agregado.
En esa situación, cualquier fallo en los equipos usados para el control del tráfico aéreo podría obligar a cancelar vuelo y, por tanto, a dejar en tierra a miles de pasajeros, así como generarse fuertes retrasos, ya que no hay personal suficiente para arreglar los aparatos y unidades que suelen estropearse enlos grandes aeropuertos.
Este jueves, decenas de trabajadores del sector de la aviación se han manifestado en Washington para expresar su preocupación por las "licencias" concedidas por la Administración Federal de Aviación al personal "no esencial".
La negativa de Barack Obama a retrasar la reforma sanitaria fue respondida por los republicanos no autorizando un mayor gasto. El bloqueo presupuestario llevó entonces a realizar el primer cierre parcial del Gobierno en casi 18 años. De los 2,1 millones de funcionarios federales, unos 800.000 en servicios considerados no esenciales no trabajarán hasta que el Congreso apruebe el presupuesto.
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