Competencia de Cataluña destaca el papel regulatorio de las plataformas P2P

El informe repasa el estado de la economía colaborativa a nivel mundial, europeo, español y catalán, para después proponer líneas de regulación. Destacan, entre otras, las siguientes conclusiones:

- “Las plataformas constituyen una propuesta reguladora de éxito. Lejos de ser entornos desregulados, se dotan de una autorregulación que busca el equilibrio entre reducir las barreras a la entrada (facilitando el acceso a la actividad a los oferentes) y garantizar la protección de los usuarios (potenciando la entrada de los demandantes)”.

-“La competencia entre marketplaces actúa como garantía para el reconocimiento de los derechos de los usuarios de las mismas”.

Las plataformas, según ACCO, "se dotan de una autorregulación que busca el equilibrio entre reducir las barreras a la entrada y garantizar la protección de los usuarios".

-“En relación con el alojamiento turístico de corta duración, se propone establecer una regulación que haga posible el ejercicio de la actividad y minimice las externalidades (y, en todo caso, las restricciones sean proporcionadas en cada momento). En concreto, se menciona la posibilidad de implementar una regulación dinámica basada en un mecanismo de transmisión de derechos, como exponente de una regulación 2.0 que prevé unos objetivos y que actualiza eventuales limitaciones a la actividad en función de los datos de que se dispone en cada momento”.

-La ACCO propone minimizar estos efectos negativos con un sistema de transferencia de derechos (Transferible Sharing Rights, también conocido como Cap-and-Trade), que supone atribuir derechos a cada inmueble. En un momento inicial todo el mundo tendría derecho a ejercer la actividad, pero con ciertas limitaciones tanto en relación con el nivel de actividad global (el número de días al año que se puede alquilar en el conjunto de la ciudad), como en relación a su ejercicio según zonas (número de días el año que se puede alquilar por cada barrio).

-“Se recomiendan tres actuaciones posibles. La primera, estudiar acciones que incidan positivamente en la construcción de la reputación. La Administración podría contribuir a través de la apertura de ciertos datos e informaciones que se encuentran en su poder y que pueden aportar información valiosa para construir la reputación de las personas (open data y registro digital). La segunda, analizar la posibilidad de implantar algún sistema compensatorio que contribuya a facilitar la liberalización de sectores fuertemente regulados. Y la tercera, completar mercados no desarrollados por la iniciativa privada”.

El informe se encuentra disponible en el documento adjunto.