España es denunciada por comprometer la seguridad aérea

Así lo ha referido el vicepresidente de la asociación denunciante, Marcelino Victoria Sánchez, en entrevista con la Revista HOSTELTUR, en su edición de noviembre.

La directiva 89-391CEE adopta un conjunto de normas básicas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, con el objetivo esencial de limitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es de estricto cumplimiento y, más aún, si cabe, en el área del control aéreo, debido a que, en el mismo momento de realizarlo, está en sus manos la vida de muchas personas.

Marcelino Victoria Sánchez explica que la denuncia de incumplimiento tiene su origen en el decreto Ley 1-2010, de febrero de ese año, promulgado como la ley española 9-2010, en vigor desde abril de 2010, mediante el cual el Gobierno convirtió las horas extras que hacían los controladores en jornada laboral, elevándola en más de un 32%, hasta 1.670 horas/año con descansos reducidos, equivalente a 1.803 horas en ICCP, “sin consulta ni consentimiento y bajo amenaza de despido, a pesar de que el número de horas que se trabajaban, 1.200 horas/año, es el estándar europeo”.

Denuncia además que el Gobierno español falseó las cifras para justificar ese aumento de carga de trabajo y que giró “órdenes de Estado” a los inspectores del Trabajo para que, en el caso de los controladores aéreos, se ignorase el incumplimiento de la normativa comunitaria, según lo demuestra un documento oficial del Ministerio de Trabajo fechado en junio de 2010.

Las denuncias

En 2010, el Parlamento Europeo (PE) abrió una investigación, luego que los controladores denunciaran el aumento de retrasos e incidentes graves en la seguridad aérea, específicamente Ignacio Ruipérez Aguirre, presidente de ATC Petition, y Camilo Cela, presidente de USCA. Luego de la apertura de esta investigación en la Eurocámara, los controladores aéreos denunciaron ante la CE a los ministerios de Fomento y de Empleo y al gestor aeroportuario Aena. El propio presidente de la CE, Jose Manuel Durao Barroso pidió hacer un seguimiento de la situación de los controladores españoles.

La denuncia sobre el incumplimiento de la directiva 89/391/CEE ha alertado aún más a las autoridades europeas, luego de conocer que, previamente a su presentación, más de 650 controladores españoles habían firmado una carta de exención de responsabilidades por lo que pueda pasar: tras suspender la aplicación de la normativa europea, el número de notificaciones de incidentes aéreos aumentó un 96%.

La asociación también ha acudido a otros organismos internacionales del sector aéreo -organizaciones de controladores y pilotos de ámbito comunitario, así como a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) y a los mayores aseguradores aeronáuticos de Europa-, para explicar la situación del control aéreo en España y su incidencia en la seguridad aérea en el país. En junio de 2011, la CE admitió ante el Parlamento Europeo que, tras estudiar los centenares de denuncias aportadas por los controladores españoles, esta directiva esencial podría haber sido violada por España.

Alegatos de los controladores

A continuación, un resumen de la entrevista al vicepresidente de ATC Petition.

¿Por qué no está garantizada la seguridad aérea en España?

Hasta febrero de 2010, Aena garantizaba la capacidad sicofísica de todos los controladores españoles al disponer de un “documento de aceptación de carga de trabajo” que todos debíamos firmar. Aena ha eliminado por ley la obligación de consulta al trabajador establecida en la directiva 89/391 CEE y muchos controladores se ven sobrepasados en sus tareas a diario.

Realmente, ¿podría producirse un accidente aéreo o un incidente severo a causa de los problemas que denuncian?

El medio de transporte más seguro del mundo es el avión. Sin embargo, es el más sensible a los incumplimientos: el mal funcionamiento de un relé, una pieza metálica sobre una pista de despegue o la presión incorrecta en la rueda de un avión pueden ser hechos determinantes cuando se produce un accidente aéreo. Un controlador con sus condiciones sicofísicas degradadas constituye un fallo esencial en la cadena de seguridad que, sin ningún género de dudas, incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente.

¿En qué porcentaje se ha incrementado el número de los incidentes aéreos y cuasi-colisiones aéreas desde que el Gobierno derogó por ley la normativa europea?

En 2010, tras la implantación de la ley 9/2010, los cielos de España registraron el mayor número de incidentes aéreos de la historia de la aviación civil en Europa, según Eurocontrol: 47 incidentes de extrema gravedad o cuasi-colisiones en España por 4 en Alemania ó 0 en Inglaterra.

Actualmente, ¿cuántos controladores hay en activo y cuál es el déficit?

Aproximadamente, unos 1.800 controladores aéreos operativos en España. El déficit de controladores lo revela la carga de trabajo. Si nuestra carga es superior a la media europea es porque existe déficit.

Algunos señalan que vuestra denuncia obedece a la protesta de un sector que ha perdido privilegios y que, como se los quitaron de una forma no muy ortodoxa, legalmente hablando, ha buscado estos resquicios para recuperarlos.

El derecho que pedimos sea restaurado lo poseen los 200 millones de trabajadores de la Unión Europea (UE), todos sin excepción. Nada tiene que ver con el salario. Lo que aquí se denuncia es la creación de una ley que habilita el exterminio y el linchamiento de un colectivo profesional. Una ley que infringe, de manera evidente, aspectos esenciales de una normativa europea de rango superior.

¿Qué ha obtenido Aena con esos cambios en la jornada de los controladores?

Hasta febrero de 2010, Aena no podía programar más de 15 turnos de trabajo/mes (mañana, tarde o noche) a un controlador, sin su consentimiento. Tras de dejar sin efecto la directiva europea, llegó a programar hasta 31 turnos haciendo uso de los ¨zulús¨ (turnos de mañana y noche el mismo día). Tampoco podía programar un máximo de tres turnos consecutivos de trabajo (mañana, tarde y noche) a un controlador sin su consentimiento y, después del decreto-ley, programó 29 turnos consecutivos (Madrid) ó 17 turnos consecutivos (Sevilla) a controladores, sin la consulta obligatoria.